J. CARNEIRO | A CORUÑA
La crudeza de la recesión hace que cada vez más actividades económicas se sumerjan. Pese a que intentar medir el peso del dinero negro sobre la economía es un ejercicio "excesivamente osado", como ha reconocido el Gobierno, economistas y sindicatos constatan que la economía sumergida está batiendo récords con la crisis. Y Galicia no es una excepción. Todo lo contrario. Según un estudio elaborado por los técnicos de Hacienda, está entre las comunidades -es la quinta del ranking autonómico- donde más ha crecido la tasa de dinero negro en la última década: la caja b de la comunidad alcanzó el año pasado el 26,3% del PIB, tras aumentar casi en 2.400 millones entre 2000 y 2009. Y en cuanto al empleo, se estima que una bolsa de más de 100.000 trabajadores ya se mueve en el limbo de la economía sumergida, más del 10% de la población ocupada.
Este dato se obtiene al cruzar las estadísticas de población ocupada y las afiliaciones a la Seguridad Social. En el tercer trimestre del año pasado -último dato disponible- había en Galicia 1.138.900 personas ocupadas, es decir, con trabajo, según la encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, estaban dadas de alta en la Seguridad Social 117.774 personas menos, según el Ministerio de Trabajo. Este dato cruzado, pese a que no es "científico" para la Administración, es utilizado por las organizaciones sindicales para alertar sobre el drama de la economía sumergida. ¿A qué se dedican esos 117.774 gallegos que aseguran tener un trabajo pero que no están dados de alta en la Seguridad Social?
Para José Domingo Barros, secretario de Formación y Emprego de UGT-Galicia, es evidente que la economía sumergida ha ganado adeptos, obligados, con la crisis. "Que nadie piense que con los 420 euros que da el Gobierno cuando se agotan las prestaciones se puede vivir. La gente se busca la vida para mantener a sus hijos", señala este sindicalista, que reconoce que en estos casos la economía sumergida puede atenuar la gravedad de la crisis durante un tiempo, aunque "no es deseable".
Las organizaciones sindicales argumentan que el fraude en el mercado de trabajo ha mudado de escenario en los últimos años: del textil y el sector primario se ha pasado a la construcción y los servicios -sobre todo los vinculados al ladrillo- como los más fraudulentos. Desde los servicios de empleo de CCOO aluden también a otro tipo de estafa que no aparece en ninguna estadística: el de las contrataciones. "En Galicia es cada vez más habitual que un trabajador tenga un contrato de cuatro horas pero trabaje ocho y cobre la mitad de su salario en negro", critican. ¿A quién beneficia?
Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, opina que a la economía sumergida es difícil encontrarle una función positiva. "Desde el punto de vista individual puede tener algún interés desde el punto de vista fiscal, pero para el conjunto de la economía y la sociedad es un problema de cierta importancia", indica.
A juicio de este experto, este fraude genera una competencia a la baja en las actividades afectadas, que deteriora las condiciones de trabajo y los ingresos públicos, con lo que eso conlleva: "Reduce la capacidad del sector público de forma injusta".
Para mitigar este problema, los expertos proponen dos opciones: más control (los técnicos de Hacienda aseguran que sólo en Galicia se podrían recaudar 1.991 millones anuales más con un plan eficaz de lucha antifraude) y una reforma laboral adecuada.
Baltasar Manzano, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Vigo, cree que esta es la vía por la que hay que ir. "Hay que acabar con la dualidad entre trabajadores temporales y fijos. Una reforma laboral desincentivaría mucho la contratación irregular y reduciría la economía sumergida, que no tiene nada de positivo", razona.
Víctor Montes, economista, recuerda por su parte la correlación existente entre los ciclos económicos a la baja y el dinero negro -"Las cotas máximas se alcanzaron en los momentos recesivos, como en 1979 y 1993"- y explica que la recaudación por el IVA es el principal indicador del fraude. "¿Cómo se explica entonces la diferencia entre la caída del PIB y de la recaudación de este impuesto", se pregunta. Tras el IVA, cuyos ingresos se redujeron un 34% en enero respecto al mismo mes de 2009, otros indicadores son el impuesto de sociedades -cayó un 24,9%-, y el IRPF. "No todo el descenso de estos indicadores se deben a la paralización económica", concluye.
Más de cuatro millones de parados en España, 1,2 millones de hogares con todos sus miembros sin trabajo?
Cada vez son más las voces que aseguran que la economía sumergida está amortiguando el impacto de la crisis y sobre todo del paro en las familias españolas. "Esto reventaría si hubiese realmente más de cuatro millones de parados en España", aduce un portavoz sindical a LA OPINIÓN.
Un informe elaborado por Deutsche Bank y publicado en Financial Times apunta en esta misma dirección y argumenta que los países con elevados índices de economía sumergida podrían soportar mejor los efectos de la actual crisis económica.
La explicación a esta hipótesis estriba en que quienes cuentan con más dinero negro pueden consumir y reactivar la economía, que no quedaría estancada como en otros países, aunque se perjudique al sistema, que no recaudará los impuestos establecidos, porque ese dinero negro no puede ser contabilizado, y por lo tanto, controlado.
No obstante, la mayoría de los economistas coincide en que la economía sumergida no beneficia a nadie: ni al trabajador ni a la empresa, ni mucho menos y en último término, a la sociedad.
Trabajadores. Aunque en algunos hogares tantos españoles como gallegos el dinero negro es el único que entra en casa, o un complemento vital de sueldos y subsidios, al final supone el acceso a un círculo vicioso que lleva a la precarización de la vida laboral, además de un incremento de los índices de pobreza.
Empresas. Las empresas que abusan de la economía sumergida -contratando, por ejemplo, a inmigrantes sin papeles o pagando parte de las nóminas en dinero negro- suelen tener más problemas para consolidarse en el mercado y pervivir a lo largo del tiempo, cuando, por ejemplo, hay crisis económicas como la actual.
Consumidores. Si se contratan productos o servicios sin factura para, por ejemplo, no pagar el IVA, después es imposible reclamar. Además, cada vez que se comete fraude, se reduce la recaudación pública y pierde el Estado de Bienestar.