Vocales de Caixa Galicia votarán contra la alianza si no es equilibrada

L. C. / M. R. / J. P. | A CORUÑA Caixa Galicia ha citado para este mediodía a los 22 vocales de su consejo de administración para someter a votación la auditoría sobre sus cuentas y enviarlas al Banco de España. La cita es ordinaria, pero de algún modo histórica y los vocales que acudirán daban ayer por sentado que el acuerdo para analizar una fusión con Caixanova estará muy presente, aunque no figura en el orden del día.

Fuentes del consejo aseguraron ayer que ven muy difícil que el principal órgano rector de Caixa Galicia dé su apoyo a una negociación con Caixanova para buscar una fusión si no parte de una integración equilibrada y paritaria. Destacados vocales consultados por este diario advirtieron de que votarán en contra del proceso negociador si no pretende lograr una integración entre iguales. "No creo que el consejo logre una mayoría si no es así, no tiene sentido. Caixa Galicia es más grande que Caixanova y la paridad ya es un planteamiento generoso", asegura uno de los vocales, que atribuye al alcalde de Vigo y a los socialistas vigueses los "rumores" sobre una posible absorción de Caixanova a Caixa Galicia.

La dirección de Caixa Galicia ha optado en todo momento por la discreción y por hablar lo menos posible en público de las cuestiones de la caja que trascienden a su negocio financiero. Es la misma línea que defiende ante los vocales en el consejo. "Siempre nos han dicho que no quieren entrar al trapo ni contestar a todo lo que se dice en los periódicos, que prefieren no hablar", añade otro de los consultados.

Entre los vocales existe además la convicción de que ni José Luis Méndez ni el presidente de la entidad, Mauro Varela, estarían dispuestos a negociar la alianza gallega con un mayor protagonismo de Caixanova, pero algunos defienden que tampoco considerarían viable apostar por el modelo contrario, que Caixa Galicia pretendiese absorber la entidad que preside Julio Fernández Gayoso.

Los consejeros consultados advierten sin embargo de que todo proceso negociador obliga a un "reparto de poderes" y hay quien da por hecho que el modelo a aplicar en caso de acuerdo de fusión es el designio de una doble dirección general con un mandato corto, de unos dos años, como paso previo a la total integración. Los vocales estarían dispuestos a ceder a los directivos Caixanova alguno de los puestos de responsabilidad de la entidad resultante, pero desde luego no a hacer un traspaso total de poderes. "La negociación debe de plantearse de tú a tú, que es como se negocian las fusiones, debe imperar el sentido común", advierte otro representante con silla en el consejo. Los consultados coinciden; nadie confiesa estar dispuesto a cualquier cosa que no sea una fusión paritaria y aseguran que de estarlo, no cumplirían con su deber. "Si la fusión no es paritaria, votaré en contra de ella aunque me echen del consejo", advierte uno de ellos.

Antes que cualquier otra, la principal incógnita del proyecto de fusión es su viabilidad. Lo que costaría la operación, se sabe. Casi 3.000 millones. Lo que falta es saber cómo obtenerlos. Porque la fórmula de financiación mixta que se baraja, recurrir a la vez al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -éste último con elevadísimos tipos de interés que rondan el 8%-, no es posible. Lo dice el Banco de España, que no le acaban de salir los números. Ni la normativa lo contempla ni el FGD está para muchos excesos. El Fondo de Garantías contempla medidas excepcionales con avales, la compra de activos dañados o préstamos en condiciones favorables para entidades "en crisis". Pero el principal problema del FGD es el estado de su caja. Al cierre de 2009, el patrimonio alcanzó los 4.367,9 millones. Pero entre la aportación al FROB (1.270,6 millones) y las participaciones en CCM (1.300) sólo queda un fondo no comprometido de 1.797,3. Sin contar que hay otros 3.465 millones supeditados a los planes de actuación para integrar la caja manchega en Cajastur y la unión de las dos andaluzas. Los casi 3.000 millones que necesitaría la operación en Galicia son un quebradero de cabeza para el Banco de España, que sabe que el resto de entidades en procesos similares están muy pendientes de la decisión que se tome.

El equipo del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez no quiere crear agravios. Pero es que la segunda solución, la de recurrir al FROB, es un obstáculo infranqueable para la caja gallega, pensando en los más de 200 millones que tendrían que pagarse en intereses en un plazo máximo de cinco años.