El director del Centro de Investigación Financiera del IE Business School y PwC, Luis De Guindos, cifró hoy entre 30.000 y 50.000 millones de euros el capital que necesitan las cajas de ahorros para afrontar el difícil escenario económico y financiero, al tiempo que reclamó "mucho más poder" para el Banco de España en el proceso de reestructuración financiera, en detrimento del papel de las comunidades autónomas.

"Compartir en estas circunstancias las tareas de supervisión entre el Banco de España y las comunidades es una irracionalidad" negativa para la confianza, dijo De Guindos, contrario a un análisis del sistema financiero desde los "corralitos" regionales y partidario de la "visión global" que únicamente tiene el organismo que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez.

En la presentación del 'Informe de Reestructuración de Cajas de Ahorros y la reforma de su regulación', el experto argumentó que los instrumentos de rescate previstos son de carácter estatal, ya que los fondos de ayuda procederán en su caso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que es "incompatible" con que la supervisión descanse en parte en las comunidades autónomas.

El ex secretario de Estado de Economía advirtió de que el proceso de reordenación financiera en España es "inadecuado" y lento, y que "es difícil que la economía española se recupere si no se reestructuran las cajas de ahorros", que constituyen la mitad del sistema financiero español, tras destacar la mayor eficiencia de las fusiones entre cajas de distintas autonomías pese a las reticencias políticas regionales.

"Se deben eliminar las restricciones a las integraciones interregionales", apostó el experto, en alusión a la Ley de Organos de Regulación de Cajas de Ahorros (Lorca). "No creo que la gente quiera cajas gallegas, catalanas o madrileñas, sino solventes y que den un buen servicio", consideró De Guindos.

Acelerar el proceso de integraciones y el uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es "imprescindible", a su parecer, porque las cajas se enfrentan a una creciente morosidad, a un descenso de los ingresos del 20% ó el 25% a raíz de la importante caída de la actividad y de la concesión de crédito que, según sus previsiones, será negativa "en 2010 y en una serie de años".

Por otro lado, De Guindos justificó la necesidad de acelerar la reestructuración de las cajas por el deterioro de la percepción del riesgo país de España, porque la idea de los mercados sobre la capacidad de los Estados de sostener las finanzas públicas afecta tanto al sector público como al privado, tal y como pone de manifiesto el castigo en bolsa de los bancos griegos a raíz de la crisis del país heleno.

Aunque la situación de España "es diferente a la de Grecia", especificó De Guindos, se ha deteriorado la percepción del riesgo país, lo que se traduce en un mayor coste de acceso a la financiación mayorista tanto de bancos como de cajas de ahorros, que ya están librando una guerra para hacerse con la financiación minorista, con los depósitos de los clientes.

CUOTAS PARTICIPATIVAS CON DERECHOS, OBLIGATORIAS

Además de acelerar el uso de los recursos del FROB para reforzar la solvencia de las cajas, De Guindos apostó por hacer obligatorio el uso de las cuotas participativas con derechos políticos limitados con el fin de que estos instrumentos para captar capital tengan atractivo en los mercados, propuesta en la misma línea que CC.OO, y al margen de la aprobación de suprimir los blindajes en las cotizadas.

Su propuesta consiste en reducir a la mitad el peso de los poderes públicos en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, desde el 50% actual hasta el 25%, en que los cuota partícipes tengan un peso idéntico a éstos, y en que ningún cargo público autonómico o municipal se integre en ellos para evitar conflictos de intereses.

En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad contra el FROB por Madrid, Galicia y Extremadura, De Guindos apoyó una interpretación del Tribunal Constitucional (TC) en función del entorno actual. "El TC tiene que oler la realidad y las necesidades", dijo el experto, que también consideró "básico" un consenso sobre los cambios que necesita el sector financiero entre los dos principales partidos, en clara alusión a PP y PSOE.