Imagínense por un momento que llegan a su casa, aprietan el interruptor de la luz y las bombillas se quedan como están. A oscuras. Que la televisión no funciona y el congelador ya gotea. Que las horas pasan y las cosas siguen igual. La verdad es que no hay que exprimir mucho las neuronas porque situaciones así se vivieron recientemente en Cataluña con los apagones de las nevadas o hace algo más de un año con la embestida de la ciclogénesis explosiva Klaus en media Galicia. En una sociedad electrodependiente -del ordenador, a la cocina, pasando por los cientos de aparatos hospitalarios conectados a la red y la maquinaria de la industria que mueve la economía del país-, la energía es un bien de primera necesidad al que nadie está dispuesto a renunciar. Pero es también uno de los sectores más contaminantes, que se enfrenta al reto marcado por la Unión Europea de llegar a 2020 con un consumo en renovables del 20% para echarle otro pulso al cambio climático. Y ahí está la apuesta de las fuentes limpias Pero, ¿es suficiente con tener un compromiso político por el ecologismo eléctrico? ¿Con impulsar planes tan ambiciosos como el concurso eólico gallego? No. El reto de las energías verdes es muy caro. Económica y técnicamente para garantizar que ese interruptor funcione al margen de si llueve, hace sol o suficiente radiación solar.
Detrás del furor empresarial por saltar al negocio de las energías renovables están las suculentas primas que el Gobierno central paga para incentivar su producción. La electricidad que aportan los aerogeneradores y los huertos solares, incluso parte de las hidroeléctricas, recibe una subvención y, además, tiene prioridad por encima del resto de centrales en el mercado de la electricidad, donde cada día se compra y se vende la energía que consumimos. Son las instalaciones del conocido como régimen especial -el resto, sin bonificación, se integran en el régimen ordinario-, que el pasado año absorbieron nada más y nada menos que 6.410 millones de euros en ayudas.
En tiempos de crisis económica, tanto dinero -una de las principales causas del eterno desequilibrio entre lo que cuesta la energía y lo que paga por recibirla el consumidor- es un quebradero de cabeza enorme para las empresas y para el Ministerio de Industria, en conversaciones ya con el sector para aplicar un tijeretazo a las primas. Especialmente en el caso de la solar, que se lleva un 43% del total, pese a que su aportación es seis veces menor que la eólica.
La inseguridad con la que los actuales operadores en renovables tienen que diseñar sus planes de futuro -por algo tan sencillo como desconocer cuánto van a cobrar por su producción- afecta sobre todo al negocio del viento. Prácticamente todas las comunidades, en mayor o menor medida según su potencial, tienen abiertos procesos administrativos para darle un impulso más al sector eólico. Galicia, muy por encima del resto, aspira a repartir antes de que acabe el año -en julio se cierra el plazo para la recepción de proyectos- 2.325 megavatios (MW) para alcanzar un total de 6.500 autorizados en 2012. Con el concurso gallego y la suma del resto de subastas autonómicas hay previstos 12.600 MW en nuevos parques.
De futuro incierto. Muy incierto. Porque el sistema eléctrico no es todopoderoso. A más instalaciones, más líneas para coger la energía de las nuevas centrales y moverla hasta dónde se necesite, pese al elevado rechazo social que los tendidos suelen levantar entre colectivos vecinales y administraciones. Con la razón del equilibrio técnico, el Gobierno central puso en marcha este año un registro que filtra tanto los huertos solares como los aerogeneradores. Los 6.389,07 MW en parques que podrán engancharse hasta 2013 están ya repartidos. ¿Qué pasará con el resto? Nadie se atreve a contestar. "Hoy, y nunca mejor dicho, son castillos en el aire", explican desde el sector.
Para preparar el sistema ante el reto de las renovables y asegurar el abastecimiento, Red Eléctrica de España, encargada del transporte eléctrico, prevé invertir una media anual desde este ejercicio y hasta 2014 de 800 millones de euros. Una inversión total de 4.000 millones de euros que llega de los presupuestos del Estado. Más líneas y más subestaciones, con la mirada puesta en mejorar la capacidad para exportar tanto al resto del sistema europeo a través de Francia -hoy sólo podemos enviar un 3% de la demanda valle- y Portugal. De poco vale multiplicar los parques eólicos, solares y que la hidráulica esté en racha -como ha pasado el pasado año y también en este primer cuatrimestre por la complicada meteorología- si el excedente eléctrico no puede circular hacia otros países. La electricidad no se puede acumular y si hay más megavatios por los tendidos de los que se están consumiendo el sistema se colapsaría. Y el interruptor seguiría sin funcionar.
