El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dejó claro ayer que el levantamiento de la suspensión de algunos de los artículos de la Lei de Caixas de Aforro de Galicia que, según la Consellería de Facenda, hará público el Tribunal Constitucional en los próximos días no significa necesariamente que los magistrados consideren constitucional el texto aprobado por el Parlamento gallego a finales de diciembre pasado con los votos del PP y BNG.
"Parece que el Tribunal Constitucional va a levantar la suspensión de la ley gallega de cajas. Eso nada quiere decir, y salgo al paso de algunas opiniones que he visto este fin de semana, sobre la constitucionalidad de la ley. Nada quiere decir. La ley será estudiada y su constitucionalidad será examinada cuando el Constitucional dicte sentencia", advirtió ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ayer acudió a una conferencia a Vigo.
El ministro se pronunciaba así sobre el anuncio del viernes de la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quien se hacía eco de una información de la radio autonómica para declarar que el Tribunal Constitucional iba a levantar la suspensión sobre ocho de los once preceptos recurridos, para después concluir en consecuencia que la ley gallega de cajas es "constitucional".
Discrepa abiertamente el ministro y catedrático de Derecho Constitucional, para quien si el tribunal levanta el veto no significa que la norma se ajuste a la Carta Magna. Para Caamaño, que se levante la suspensión "es algo que se hace habitualmente después de que pase el plazo (de cinco meses) que establece automáticamente la Constitución cuando se impugnan leyes autonómicas". Será el Tribunal Constitucional, a través de sentencia, el que resuelva si la ley gallega de cajas es constitucional, remarcó el ministro gallego. Además aún quedarían tres preceptos impugnados, según el anuncio de la titular de Facenda.
"A día de hoy (por ayer) al menos, después de haber sido admitido el recurso por el tribunal, la ley sigue manteniendo dudas de constitucionalidad", aseveró el ministro de Justicia, quien cuestionó además a la Xunta por sacar adelante una ley, "a pesar de sus dudas de constitucionalidad, para alentar una fusión, que era posible con la legislación que ya existía en su momento cómo entendíamos muchos ". Para Caamaño también está claro que el tiempo pondrá a cada partido en su sitio. "Serán otros los que tengan que explicar porqué consideraron necesario hacer una ley que a día de hoy sigue manteniendo dudas de constitucionalidad", dijo.
Pacto laboral
Los cinco sindicatos con representación en Caixa Galicia y Caixanova iniciarán hoy con los directivos de las cajas la negociación del pacto laboral de la fusión, que obligará a prejubilar a cerca de 1.300 trabajadores y a cerrar 300 oficinas -unas doscientas en Galicia y el resto fuera de la comunidad-, además de la venta de otras 235 que las entidades han decidido aplazar hasta encontrar un comprador que pague un precio adecuado. Frente a los representantes de los trabajadores se sentarán el director de Recursos Humanos de Caixa Galicia, Miguel Ángel Prado, y el responsable de Relaciones Laborales, Antón Cárdenas, además de Óscar Rodríguez Estrada, por parte de Caixanova.
Las centrales sin embargo inician las conversaciones enfrentadas entre sí. Los delegados de UGT y CGT se levantaron de la mesa durante la reunión preparatoria que los cinco sindicatos mantuvieron el viernes pasado para planificar la negociación porque discrepan con el resto de las centrales sobre la composición de la mesa de negociación. El origen de la disputa se encuentra en el número de asesores a los que los sindicatos podrán consultar durante la negociación. Además de los 16 representantes de los cinco sindicatos, los delegados de la plantilla querían contar con cuatro asesores y que dos de ellos se sentaran a la mesa de las negociaciones, pero las entidades sólo han admitido a uno. La mayoría de los sindicatos están dispuestos a aceptar la propuesta, al entender que ya será complicado fijar una agenda de negociación con 21 personas implicadas directamente en los contactos, pero UGT y CGT no están de acuerdo y de hecho, hora y media antes de que la mesa laboral celebre su primer encuentro, las secciones sindicales de UGT en Caixa Galicia y Caixanova se reunirán para decidir sobre su participación en el proceso.
La "gran cantidad" de financiación que bancos y cajas inyectaron al sector inmobiliario durante la década del boom (entre 1997 y 2007) constituyó una de sus características específicas que "agravaron" las consecuencias de la conclusión de la fase expansiva de esta actividad, según un estudio realizado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe señala que entre 1995 y 2007 el crédito para comprar vivienda se multiplicó por nueve, el crédito para actividades de construcción por 6,7, y el destinado a actividades inmobiliarias por 25. Según recoge el estudio, el crecimiento del sector de la construcción se financió totalmente con deuda. "Los beneficios que estas actividades proporcionaban a los inversores durante los años más expansivos del ciclo no se utilizaron para mejorar la situación patrimonial del sector, sino que el crecimiento se financió totalmente con deuda", señala el informe.
El otro factor que, según el estudio, agravó las consecuencias del fin del boom inmobiliario fue la mayor duración de la fase expansiva en comparación con las anteriores. El informe apunta que el continuado crecimiento de los precios durante diez semestres influyó en las expectativas de los agentes, que se cumplían constantemente, "lo que potenciaba el crecimiento de la demanda especulativa y facilitó que la economía sobreinvirtiese en el sector". Las empresas que quebraron no eran antes de la crisis menos rentables que las que no lo hicieron.
