El Tribunal Constitucional decidió hoy levantar la suspensión de siete preceptos de la ley gallega de cajas, si bien la mantuvo en otros tres, entre los que destaca la necesidad de autorización previa de la Xunta de Galicia a cualquier medida relacionada con Caixanova y Caixa Galicia.
En un auto publicado hoy, el Pleno del Tribunal Constitucional atiende así a los argumentos que había dado la Abogacía del Estado que defendía que la respuesta a una situación de gravedad para el sistema financiero y para los ahorros de los clientes de una institución "precisa de medidas inmediatas y eficaces que eviten el pánico".
A su juicio, estas medidas se podían ver dificultadas si se exigía la autorización autonómica como paso previo, tal y como establecía la normativa promovida por la Xunta de Galicia y aprobada con una amplia mayoría por el Parlamento regional.
Posteriormente, el 9 de febrero, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió promover un recurso de inconstitucionalidad, que supuso la suspensión cautelar de la norma por el Tribunal Constitucional.
