El nuevo marco legal rebaja el control de la Xunta sobre la futura caja fusionada

JULIO PÉREZ | A CORUÑA Entre los modelos de negocio que se avecinan entre las cajas con la reforma de la ley estatal, la Lorca -que acaba de aprobar el Gobierno- y la resolución del Constitucional sobre la norma gallega, la capacidad de influencia de la Xunta sobre las entidades, de cabeza en su fusión, va diluyéndose. Su papel de supervisor ya estaba ahora a años luz del Banco de España y el nuevo marco legal aumentará las distancias. Porque el organismo que lidera Miguel Ángel Fernández Ordóñez sale reforzado con el giro de la Lorca y porque el alto tribunal comparte la visión del propio Banco de España, que el Ejecutivo central y también el PP tienen del sector como sistema financiero conjunto en el que todo lo que pase afecta a casi todos por igual. Como se demuestra en la grave crisis que atraviesan no pocas cajas y la obligada reestructuración a la que están siendo sometidas.

Sea cual sea el traje que adopte la futura caja única, lo que todo el mundo asume es que esta fusión no será una excepción. Los números son muy justos -Deloitte y PricewaterhouseCoopers no esconden que los dos primeros ejercicios serán muy difíciles-, como para poder renunciar a una de las vías abiertas para ganar capital de calidad. Sin olvidar las exigencias mucho más duras en recursos propios para el sector que vienen con el reglamento contable de Basilea III.

Los consejeros de Caixa Galicia y Caixanova dan por hecho que más temprano que tarde la caja fusionada emitirá cuotas participativas. La Lorca permitirá hasta un máximo del 50% del capital. El entre 25% y 30% de la representación que la nueva ley gallega reserva para los consejeros designados en O Hórreo caerá en picado. Hay dos motivos. La Lorca rebaja la presencia de todo el sector público -con concellos y diputaciones- del 50% al 40% y ese porcentaje además se aplicará a los sillones que estén sin ocupar después de que tomen asiento los inversores privados, con lo que de venderse la mitad del capital, en la caja fusionada sólo habrá un 20% de miembros elegidos por el Parlamento.

La reforma de la normativa estatal supone de alguna manera la vuelta a manos del Estado de la tutela del sector. El Banco de España sale muy reforzado y será él el que aplique a cada caja, en función del modelo por el que opten, los criterios de solvencia. Además, con la fuerza del Sistema Institucional de Protección (SIP) en la reordenación del mapa de las cajas, un tipo de alianza que se articula alrededor de un banco, la responsabilidad será directa del supervisor, que además será el que decida si una entidad puede o no salir de uno de estos sistemas.

Ésa es la filosofía que recoge el auto del Constitucional sobre la ley gallega. Entre los tres preceptos que mantiene paralizados está la capacidad de la Xunta para oponerse a un SIP. El alto tribunal hace suyos los argumentos esgrimidos por el Gobierno central. Además de advertir de las "interferencias" que podría representar una comunidad, la resolución destaca que la autorización es cosa del Banco de España y que los efectos de una "eventual crisis" de una caja "se extenderían más allá" de su territorio. El presidente de la Xunta reiteró que la decisión del tribunal, que todavía no ha entrado a analizar la legalidad, le da la razón. Alberto Núñez Feijóo mantiene que el Gobierno central "debe pedir disculpas" al Ejecutivo gallego por su "deslealtad" porque la ley es "constitucional". Lo que demuestra, dice, que "lo único" que quería Moncloa era "que Galicia no tuviera una gran caja de ahorros". Los socialistas, por su parte, exigen a la Xunta que reforme la ley gallega para evitar problemas. "Las trampas y mentiras acaban como acaban -dice Manuel Vázquez-. No vale decir una cosa cuando se firma el protocolo y otra con la ley". El socialista garantiza que el PSOE, con "casi la mitad" de los representantes de las cajas, "no permitirá convertir en bancos" las entidades.