La Xunta impugnará el decreto del carbón por ´condenar´ a las centrales térmicas gallegas

AGENCIAS | SANTIAGO La asesoría jurídica de la Xunta gallega recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y ante el Tribunal Supremo la modificación del real decreto que regula el suministro de carbón para la producción de energía eléctrica si el Gobierno central lo aprueba.

Así lo avanzó, en rueda de prensa, el director general de Industria, Energía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, quien ve la normativa del Ejecutivo central como un "torpedo directo" contra las centrales termoeléctricas gallegas, así como contra la industria auxiliar. "Condena la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama", insistió, al recordar que, para garantizar que las industrias que emplean carbón autóctono vendan hasta un 15% de electricidad en el mercado nacional -hasta 2013-, otras verán "restringida" su actividad.

"Primero las de importación -carbón- y, segundo, las de ciclo combinado -gas natural-", explicó, para avisar de que, además, la iniciativa puede provocar un "déficit tarifario" similar al eléctrico.

Por todo ello, Bernardo Tahoces sostuvo que esta normativa es "ilegal" porque "conculca" el principio de libre competencia. "Se interviene el mercado y se distorsionan las decisiones de sus agentes", aseguró. "Galicia podría dormir tranquila", señaló, si Bruselas no hubiese considerado que las compensaciones previstas por el Ejecutivo central para las centrales afectadas son "incompatibles con la normativa europea".

La prenotificación de las autoridades comunitarias motivó la modificación del real decreto que se tramita en la actualidad. "El Gobierno gallego está preparado para cualquier eventualidad que se produzca con el real decreto", reiteró, para comprometer, a continuación, que reaccionará "con seriedad, rigor y lealtad".

Caída de la actividad

El titular de Industria, Energía e Minas advirtió de que la caída de actividad de ambas industrias provocará un "efecto dominó" en los puertos de A Coruña y Ferrol, donde las descargas de carbón de importación acaparan el 65% de volumen de trabajo.

Las estimaciones de las dos autoridades portuarias, según Bernardo Tahoces, apuntan a que la disminución de la actividad económica conllevará que se dejen de ingresar unos 20 millones de euros. Todo, aparte de la "repercursión" que tendrá la decisión sobre los 2.000 empleos que generan las centrales de As Pontes y Cerceda. Los 24 buques que descargan materia prima de países terceros en la comunidad aportan, como precisó, 6 millones de euros anuales en tasas y a las que se sumarían otros 2,5 millones que percibe la Xunta en concepto de ecotasa. El descenso de la actividad económica derivado de la reducción de los 1,5 millones de toneladas anuales de carbón que entran por A Coruña y Ferrol implicaría, añadió, con la caída de la actividad de estibadores y transportistas, entre otros, que se dejarían de percibir 11,4 millones de euros.

Por su parte, el PSdeG aseguró que el Ministerio de Industria "no contempla bajo ningún concepto" el cierre de las centrales térmicas gallegas de As Pontes y Meirama y defendió al Gobierno central en su gestión del decreto del carbón. Así lo destacó el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, quien avanzó que "hay fórmulas que permiten mantener la actividad de las centrales", y subrayó que los socialistas gallegos "comparten la filosofía" de este decreto. Según afirmó, el texto "tiene como objetivo ayudar a las comarcas productoras de carbón nacional ante la caída de su consumo", y "en ningún caso", perjudicar a Galicia.

El diputado del BNG Henrique Viéitez denunció que la Xunta intenta ahora "remendar", con el anuncio de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su "ausencia" en la negociación del nuevo decreto del carbón, que ve "un tremendo desaguisado" del Gobierno central.

En una rueda de prensa, en la que compareció acompañado por el ex diputado Fernando Blanco Parga y otros representantes de la CIG en Meirama y As Pontes, Viéitez resaltó que la Xunta "llega tarde" para frenar el decreto, así como sus "perjudiciales consecuencias" para Galicia.

También señaló que "cuando tuvo la oportunidad" de presentar alegaciones a este proyecto, ya en octubre de 2009, se mantuvo "totalmente ausente", puesto que sólo Cataluña hizo aportaciones al informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que daba a conocer el borrador de dicho decreto.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) criticó la modificación del real decreto que regulará la subministración de carbón y alertó de que la entrada en vigor del nuevo reglamento aprobado por el Gobierno central es "lesivo para los intereses de Galicia".

La patronal advirtió de que esta medida ocasionará un "serio perjuicio" a las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. La CEG señaló además que la aplicación de la nueva normativa, que prima el consumo de carbón autóctono en el mercado energético nacional, repercutirá de manera grave en la actividad de las centrales gallegas que "en estos momentos atraviesan una situación complicada debido a la caída de la demanda eléctrica".

Los empresarios recordaron también las inversiones efectuadas por Endesa y Gas Natural para adaptar sus estructuras productivas al carbón foráneo y prolongar así su vida útil. En este sentido, la confederación resaltó que con el futuro texto legal "la amortización de esa inversión no está nada clara".

La CEG destacó que la medida adoptada por el Gobierno paralizará la producción de las centrales térmicas y afectará a los puestos de trabajo que ambas centrales generan en los puertos de A Coruña y Ferrol, donde se descarga la materia prima de otros países.

Otra de las denuncias de los empresarios gallegos se debe a que la aplicación del decreto supondrá un incremento de los costes energéticos, "dado que incidirá de manera directa en sus costes de producción", por lo que mermará la competitividad de la economía gallega, "una de sus principales debilidades".