Facenda garantiza el blindaje jurídico del protocolo de fusión de las cajas gallegas

IRENE BASCOY | A CORUÑA La Xunta "está analizando" como dar "la mayor seguridad jurídica" a la fusión de las cajas gallegas, y todavía no ha dado con la solución definitiva, pero promete buscar "la mejor" solución legal para un proyecto que "no tiene vuelta atrás a estas alturas", y en el que Gobierno autonómico y cajas "avanzan con el mismo objetivo". Por el momento, ha confirmado a Caixa Galicia y Caixanova que "deben paralizar la renovación de los órganos de gobierno prevista en la ley gallega de cajas" y que se había reiniciado después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantara parcialmente la suspensión de la norma gallega. También ordena detener la modificación de los estatutos de las cajas para adaptarse a la ley autonómica.

La operación de integración se está fraguando en un escenario complicado, pues acaba de entrar en vigor este mes la reforma de la ley estatal de cajas, que revoluciona el sector tras doscientos años de historia, y al tiempo hay una nueva ley autonómica para el sector, y el TC levantó la suspensión de algunos de los preceptos recurridos por el Gobierno central. La confusión está servida y las cajas piden garantías jurídicas para la fusión en marcha, pues en su protocolo de integración pactaron que los integrantes de los actuales órganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova tomarían las riendas de la nueva caja gallega y además por un periodo de tres años de transición. Sin embargo, dos leyes que se contradicen entre sí, piden la renovación de las cúpulas. ¿Qué hacer?

La Consellería de Facenda comunicó a las cajas el lunes por la tarde la paralización de los órganos de gobierno conforme a los dictados de la ley gallega y fundamentó su decisión en que ahora hay una nueva ley estatal y la autonómica tiene que adaptarse a ella. En concreto, cita la disposición transitoria quinta de la nueva Lorca, que establece que los órganos de gobierno de las cajas seguirán siendo los actuales mientras no se constituya la nueva asamblea general de cada entidad y ésta debe constituirse en el plazo de dos meses después de que Galicia ajuste su norma autonómica a la estatal, para lo que tiene seis meses, y después de que cada caja adecue sus estatutos y reglamentos, para lo que disponen de otros tres meses.

Problemas para otras fusiones

"Se paraliza la renovación en marcha, pero eso no significa que no haya que renovar esos órganos de gobierno", explicaban ayer desde la Consellería de Facenda. Es más, el departamento que dirige Marta Fernández Currás advierte de que la nueva ley estatal de cajas "crea un problema a los proyectos de fusión en marcha, y no sólo el gallego", pues establece una adaptación de los órganos de gobierno de las cajas a sus preceptos "sin tener en cuenta los periodos extraordinarios como los periodos transitorios derivados de las fusiones" en marcha en España. Por ello, el Gobierno de Feijóo "está analizando sus consecuencias y la mejor manera de alcanzar una correcta compatibilidad entre el protocolo de integración y la legislación".

El departamento de Marta Fernández Currás estudia "el modo de dar solución a las disfunciones" surgidas al entrar en vigor la reforma de la Lorca, y subraya que siempre "bajo la premisa de la mayor seguridad jurídica para el proceso".