Galicia dejará de percibir 150 millones con el recorte de las ayudas para comprar pisos

D. DOMÍNGUEZ / AGENCIAS | A CORUÑA / MADRID Comprarse un piso protegido será más difícil cuando acabe el año. A partir de 2011, el Gobierno suprimirá las ayudas a la entrada para adquirir esta clase de viviendas, entre otras medidas, para reducir el gasto público dentro de la política anunciada por Zapatero para disminuir el déficit público.

Las decisiones anunciadas ayer a las comunidades por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, provocarán que Galicia deje de recibir 150 millones durante los dos próximos años, según cálculos de la Xunta: 115 por la supresión de un fondo adicional del ministerio y entre 35 y 55 por la eliminación de las subvenciones a la entrada de una vivienda.

El Gobierno se está apretando el cinturón por culpa de la crisis. Si el Ministerio de Fomento tuvo que planificar un recorte de inversión de 6.400 millones en dos años, Vivienda ha optado por suprimir varios programas de ayudas puestos en marcha para facilitar la compra de pisos en el momento más delicado del sector inmobiliario.

Ahora la situación de las cuentas públicas obliga a cancelar las ayudas para la entrada de viviendas protegidas, que podían alcanzar los 12.000 euros. A cambio, Corredor plantea ampliar las hipotecas del 80 al 90% del valor de la vivienda, si bien de esta manera el comprador debería pagar más dinero debido a los intereses crediticios.

La conferencia sectorial de vivienda se convirtió en el escenario en el que Corredor anunció a las comunidades autónomas estos recortes. Las medidas se aplicarán a partir del año que viene en el Plan de Vivienda 2009-2012 que Gobierno y Xunta cofinancian con 463 y 137 millones de euros respectivamente. Estas cantidades no se tocarán y se mantendrán los programas que contemplaban. Se eliminan partidas que aporta en solitario el Ministerio de Vivienda a este plan.

Dentro de este programa, el departamento de Corredor eliminará la llamada reserva de eficacia, un fondo destinado a pagar a las comunidades que superasen los objetivos del plan. Galicia había alcanzado ya los límites fijados para acceder a esa cantidad, por ejemplo, en cuanto a la vivienda usada. Por ese motivo podía acceder a esa partida. La Consellería de Medio Ambiente cifró en 115 los millones que dejará de ingresar.

Corredor justificó ayer la decisión para cambiar el modelo estatal. "Apostamos por la vivienda protegida en alquiler y la procedente de la rehabilitación porque son las más demandadas", dijo. Pese a ello, Moncloa rebajará en un 40% las subvenciones para la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler porque eran "muy elevadas"

Vivienda también dirigió el recorte hacia los promotores, pues rebajará, en el entorno del 40%, las subvenciones tendentes a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler, que se acompañará de la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo.

Como nueva compensación al recorte, la ministra resaltó la nueva línea ICO facilitada para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de Sepes. Corredor también anunció la no renovación de la subvención para las ventanillas únicas tras dos años de funcionamiento, pues el Ejecutivo considera "cumplidos" sus objetivos. Las oficinas de ayudas en las áreas de rehabilitación se mantendrán, que serán completadas con las oficinas técnicas de la Plataforma RHE+.

"Si vamos a tener que gastar menos hay que priorizar en qué gastamos. Se trata de hacer hoy los ajustes necesarios para garantizar mañana la eficacia de las políticas públicas de vivienda", justificó Corredor.

La titular de Vivienda no precisó cuánto dinero prevé el Gobierno ahorrar con esta reducción del gasto en la política de vivienda y se limitó a hacer referencia al desembolsó que supusieron estas ayudas durante el ejercicio pasado, que ascendió a los 507 millones de euros y quedó repartido así: ayuda directa a la entrada (306 millones), subvenciones a la promoción de VPO nueva en alquiler (149 millones), ayuda a promotores para urbanización de suelo (41 millones) y subvención para ventanillas únicas (21 millones).

Corredor destacó la apuesta por la rehabilitación y el alquiler, al recordar que en el primer año de ejecución del Plan Estatal logró un 255% de los objetivos en alquiler y del 114% en los de rehabilitación, con lo que restó trascendencia al impacto del ajuste, ya que la VPO de nueva construcción para compra sólo alcanzó el 66% de los objetivos convenidos. "Por tanto, el impacto del ajuste presupuestario será menor, dado que ésta es la línea menos demandada", subrayó.

La ministra insistió en la necesidad de rebajar el déficit público al 3% en 2013, un objetivo que no dudó en cumplir, y reafirmó que, tal y como anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Vivienda contará con un 15% menos de presupuesto el próximo año, tras el recorte de 147 millones que ya sufrió este año.

Tras el anuncio de Corredor, los consejeros de vivienda de las comunidades autónomas mostraron su descontento y preocupación. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, manifestó que la Xunta "no comparte" la manera en que el Ministerio de Vivienda "pretende realizar dicha reducción", sin un proceso previo "de negociación y consenso" con las comunidades "y llegando al extremo de que la información sobre las pretensiones del ministerio se filtraron a la prensa antes de informar a las propias comunidades".

La Xunta insistió en que la eliminación de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada "perjudicará gravemente a los gallegos interesados en la adquisición de viviendas protegidas", tanto de nueva construcción como usadas, "que verán desaparecer una subvención directa que, en determinados casos pueden alcanzar una cuantía de 12.000 euros.

"Este recorte es un atentado muy importante, se puede entender una política de austeridad, pero no en este ministerio en el cual tenemos que buscar políticas sociales", manifestó el consejero catalán, Francesc Baltasar. En la misma línea la consejera de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, denunció "muchísima" falta de transparencia en el ministerio. "Ellos toman decisiones, nos la comunican y no se dan cuenta de que los competentes en materia de vivienda somos nosotros", indicó.

La gran mayoría de consejeros coincidieron en la importancia social del ministerio de Vivienda y denunciaron que estas medidas afecten directamente a los ciudadanos y al "estado del bienestar", como refirió el consejero de Murcia, José Ballesta. "La vivienda es un derecho básico al mismo nivel que la educación y la sanidad y estos recortes lo afectan gravemente", añadió.

Los consejeros manifestaron su preocupación por los conciertos en la construcción de vivienda, que se verán interrumpidos. El consejero de La Rioja Antonino Burgos recordó que en su comunidad la política de vivienda "es complementaria de la del Estado, y si ahora la modifican nos vemos muy afectados".

El G-14, el grupo de las mayores inmobiliarias, aseguró ayer que con el recorte de ayudas a la compra de pisos protegidos anunciado por el Ministerio de Vivienda se "corre el riesgo de ahogar la incipiente y suave recuperación que el sector viene registrando desde finales del pasado año". Así lo indicó el secretario general de la asociación, Pedro Pérez, quien además advirtió de que "quitar los pocos incentivos que quedaban a la compraventa de vivienda tendrá impactos negativos a corto plazo en la economía".

El G-14 defiende que la actividad inmobiliaria y la construcción residencial son de "capital importancia" para reactivar la economía en general y el empleo. "Es una de las actividades que más impacto tiene en cuanto a puestos de trabajo directos e indirectos", recordó. "En tanto, en España llevamos varios años en los que no sólo no se han tomado medidas para suavizar la caída del sector, sino que se están retirando los pocos estímulos que quedaban", indicó el secretario general del grupo, que asegura que no han sido consultados por el Ministerio sobre la disminución de las ayudas a la compra de viviendas de protección oficial (VPO).

La asociación "comparte" el objetivo del departamento que dirige Beatriz Corredor de fomentar el alquiler y la rehabilitación de pisos, pero asegura que se trata de objetivos de medio y largo plazo que no compensan la situación del sector en el corto plazo.

El secretario general del G-14 mostró su compresión ante la restricción presupuestaria a la que actualmente se enfrenta el Gobierno. "Pero siempre hay distintas alternativas que se pueden sopesar con el sector", indicó.