AGENCIAS | MADRID
Sindicatos y PP se opondrán a la propuesta socialista para que se pueda justificar el despido objetivo (aquel que da derecho a sólo 20 días de indemnización por año trabajado, en vez de los 45 días del despido improcedente) en virtud de tres factores: la existencia de pérdidas económicas en la empresa, la caída "relevante" de sus beneficios y la falta de liquidez. Los sindicatos consideran que con ello los socialistas asumen las propuestas planteadas por la patronal (CEOE) y por la derecha política.
"El PSOE instaura un despido que se puede planificar a la carta del empresario", denunció el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, tras la reunión que mantuvieron los sindicatos con CEOE y Cepyme para iniciar la reforma de la negociación colectiva. Con estas propuestas de despido objetivo, el sindicalista aseguró que el PSOE ha reafirmado su "proceso de derechización", iniciado con el decreto aprobado para reformar el mercado laboral. "Son propuestas pro-patronales", remarcó.
Para el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, las enmiendas transaccionales del PSOE no hacen más que incrementar el rechazo "profundo" de los sindicatos a la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo y acrecentar la convicción sindical de que "la huelga general es aún más necesaria". Ferrer también invocó a una "respuesta masiva" en el paro general del 29 de septiembre.
Oposición
El PP tampoco apoyará hoy en el Congreso la propuesta del PSOE. La portavoz adjunta del Grupo Popular, Fátima Báñez, aseguró que el PP no puede respaldar una propuesta para el despido que "ataca frontalmente" a los trabajadores.
La patronal sí apoya la iniciativa del PSOE. El secretario general de CEOE, José María Lacasa, valoró dichas enmiendas, al indicar que "van en la buena dirección", si bien reclamó "más precisión" para facilitar la interpretación de los jueces ante un despido objetivo. "Para que los jueces interpreten el despido objetivo", dijo, la causas que recoge la iniciativa del PSOE "son insuficientes". Lacasa expresó su confianza en que el trámite parlamentario permita una "reforma profunda" del mercado de trabajo.