La Xunta acusa al Gobierno de paralizar el mercado de pisos protegidos en Galicia

D. D. / AGENCIAS | SANTIAGO La supresión de las ayudas para la compra de vivienda protegida anunciada por el Gobierno paralizará este mercado en Galicia. Con esta denuncia criticó ayer la Consellería de Medio Ambiente la decisión del departamento de Beatriz Corredor, que eliminará a partir de 2011 las ayudas para pagar la entrada de un piso protegido que oscilan entre los 8.000 y los 12.000 euros.

"Esto podría llevar a movimientos especulativos alrededor de la vivienda libre que supongan un incremento de su precio", indicaron fuentes del departamento que dirige Agustín Hernández. Esta opción, prosiguen, "puede llevar a la desaparición de la promoción privada de vivienda protegida" en la comunidad.

En Galicia esta clase de vivienda presenta un precio similar al de la vivienda libre por lo que la eliminación de las ayudas reducirá su demanda. La Xunta argumenta que si el comprador no cuenta con este aliciente y debe pagar la misma cantidad, preferirá acudir al mercado libre, sin restricciones temporales para su posterior venta. Los pisos protegidos, por su parte, no pueden venderse hasta que hayan pasado diez años de su adquisición.

El Ejecutivo gallego también cree que los programas de alquiler se verán afectados por la reducción de ayudas a los promotores de vivienda pública destinada a esta modalidad.

Como consecuencia del anuncio del Gobierno central, la Consellería de Medio Ambiente advierte de que estas operaciones pueden provocar un "incremento del precio de la vivienda" en Galicia, "anulando el trabajo de décadas" que llevó a que el precio de la vivienda en la comunidad gallega "se situara entre los más baratos de Europa".

Pérdidas económicas

El Ejecutivo autonómico reiteró así su posición tras los recortes del Ministerio de Vivienda, pues ya los censuró el martes al estimar que "Galicia perderá alrededor de 150 millones de euros" con la eliminación de las ayudas. El Gobierno gallego destacó que Galicia es una de las autonomías que "tradicionalmente mejor cumplen los objetivos de los sucesivos planes de vivienda, de manera que serán muchas las familias que se vean negativamente afectadas por la reducción de las ayudas estatales".

La Xunta también incidió en que los recortes de financiación para las oficinas municipales de rehabilitación "ponen en riesgo" el funcionamiento de las mismas. En este sentido, recordó que Galicia "fue pionera" en esta materia y que en la actualidad "cuenta con el mayor número" de estas oficinas de toda España, emplazadas en 34 ayuntamientos. El Ejecutivo autonómico entiende como un "ataque directo" a la rehabilitación las medidas adoptadas en relación con estas oficinas.