Las caixas prevén cerrar en A Coruña de 65 a 75 oficinas y recortar hasta 169 empleos

JULIO PÉREZ | A CORUÑA Más o menos, el escueto cálculo que las cajas gallegas y sus asesores entregaron ayer a los representantes de la plantilla con el recorte de la red comercial previsto por el solapamiento del negocio era el que ya se conocía. La nueva entidad necesita prescindir de entre 175 y 195 oficinas en la comunidad, unos 433 trabajadores ligados a ellas, entre 450 y 470 de servicios centrales y unos 72 de servicios de apoyo, a lo que se suma la clausura de alrededor de un centenar de sucursales foráneas, con unos 250 empleados. Pero por primera vez en la mesa laboral hay detalles sobre la localización de esos cierres. Hasta 60 oficinas y 135 contratos menos en la provincia de Pontevedra, y con el mayor tijeretazo en aquellas en las que la presencia de Caixa Galicia y Caixanova es más redundante, las de Ourense y A Coruña, donde las dos entidades prevén un descenso de la red del 27% y del 24,5%, respectivamente.

En la de Pontevedra rondará el 22%, con un mínimo de 55 cierres y un máximo de 70, y la supresión de entre 130 y 135 puestos de trabajo. El recorte en las localidades coruñesas va de las 65 a las 75 sucursales, con una disminución de entre 165 y 169 empleados. Entre 47 y 53 puntos de atención al cliente y 100-105 contratos menos en Ourense. Para la provincia de Lugo, con la red menos solapada de la comunidad, la estimación ronda las 8-14 sucursales, un 11% de las actuales, y una veintena de empleos.

De momento, el primer problema que los sindicatos ven en todas estas cifras está en que, sencillamente, no cuadran. La suma de los cierres en las cuatro provincias se queda por encima del máximo marcado por las cajas en el protocolo de fusión. El portazo en A Coruña equivale a todas las oficinas que Caixanova tiene en la provincia. O los cierres de Ourense, que podrían ser más ante la saturación de oficinas de una y otra caja. Aunque prefieren pensar que se trata de "un error de cálculo" que las entidades se han comprometido a revisar -y que, según coinciden, aportará "como mucho, algún retoque"-, los representantes de los trabajadores no descartan que las cajas intenten elevar el número de cierres planteado inicialmente.

Así que el encuentro de ayer les sabe a muy poco a los representantes de los trabajadores. Sobre todo porque la mesa ya no volverá a citarse hasta el próximo 26 de agosto. Ahora que el calendario para cerrar la integración cuenta con algo más de holgura, con la intención de funcionar como caja única a partir del 15 de noviembre, los ejecutivos de las cajas y sus asesores defienden la necesidad de "pulir" la información para no perder tiempo en encuentros que carezcan de contenido.

Los sindicatos ya contaban con el aplazamiento, pero no esconden ciertas molestias. "Todos entendemos que es un proceso complejo, pero es necesario que las cifras sean contundentes. Aquí nadie quiere escribir una carta a los Reyes Magos", explica Carlos Peso, portavoz de CSICA. Desde la CIG quieren que este paréntesis -eso sí, habrá intercambio de documentación, con el compromiso de las cajas de pasarles una radiografía de los conceptos que integran la base salarial de cara a las prejubilaciones- se emplee para una reunión con los futuros directores general y adjunto para "desatascar" la negociación y hablar, de paso, sobre el futuro modelo de la nueva caja gallega ante las novedades de la ley estatal.

"Es que también tenemos que velar por la situación en la que quedan el resto de trabajadores", incide Clodomiro Montero. A UGT tampoco le gusta "la inconcreción" de la información. "Nos han dicho que los centros de trabajo concretos que se cerrarán no se conocerán hasta dentro de muchos meses", asegura Marita Pita. Luis Mariño, de Comisiones Obreras, por su parte, destaca la importancia de que las entidades hagan una propuesta clara y aceptable. "Nosotros queríamos seguir, pero si la suspensión permite tener información de calado, nos parece bien", sentencia Mariño.