El despedido sólo cobrará 20 días por año si la empresa sufre una caída grave de negocio

AGENCIAS / REDACCIÓN | MADRID / A CORUÑA La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó ayer, sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos".

Con ello, la reforma socialista abre la vía a abaratar el despido, desde los 45 días de indemnización por despido improcedente, a los sólo 20 días por causas económicas objetivas, al ampliar los supuestos en que se dan las circunstancias que justifican una compensación económica menor al trabajador despedido. Los criterios quedan expuestos de forma ambigua, pese la modificación que introdujo el PSOE para precisarlos, lo que dejará la última decisión en manos de los magistrados, que deberán determinar en cada caso cuándo se cumplen las condiciones previstas en la ley.

El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó 33 enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance valorativo de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. Allí se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos como rechazo a la reforma laboral y a las medidas de ajuste.

En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización e introdujo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos -antes se hablaba de beneficios--"puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". También se elimina la alusión a la "falta de liquidez".

El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.

No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la "carga de la prueba" sobre esta cuestión.

El portavoz socialista, Jesús Membrado, se declaró "realmente satisfecho" de la modificación de las causas del despido, ya que el texto deja "claramente garantizado" que los empresarios tendrán que demostrar que el ajuste de plantilla es la única manera de que sus empresas se pueden mantener en pie.

Despido por absentismo

El Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas" y, según fuentes socialistas, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas. Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas aceptaron rebajar ahora del 5% al 2,5%.

El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, pero de acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, y se revisaran los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar a desempleados de la construcción.

El PSOE aceptó la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el mercado laboral inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas para esas políticas activas de empleo.

Sobre la negociación en empresas, se señala que en las compañías en las que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos "democráticamente" o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.

El debate se alargó cerca de siete horas y tuvo varios recesos. El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, denunció el "batiburrillo" en el que el PSOE ha convertido una reforma laboral y en la que es el único grupo de la Cámara que la respalda, por lo que "nace coja" y favorece, dijo, el despido. Por CiU, Carles Campuzano, calificó de "acto fallido y oportunidad perdida" aunque su grupo, dijo, "no ha querido llevar la situación a un callejón sin salida". PP y CiU aprovecharán la mayoría que suman en el Senado para introducir nuevas enmiendas.

Emilio Olabarria, de PNV, indicó que aprobar la reforma sólo por voto ponderado es continuar mal lo que ya "empezó mal", "fruto de un fracaso de los interlocutores sociales". "La capacidad de esta reforma para crear empleo va a ser prácticamente nula", dijo. El PNV se abstuvo "porque las alternativas eran peores". Por IU, Gaspar Llamazares, lamentó la "alevosía" del "trámite exprés" que "endurece los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial", y lamentó que no haya prosperado su propuesta para evitar que el Fogasa financie los despidos improcedentes.

La Xunta, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal gallega firmarán hoy en Santiago el acuerdo sobre el diálogo social en Galicia. La administración y los agentes sociales negociaron durante ocho meses en los que se reunieron en 80 ocasiones para alcanzar un documento de consenso.

La CIG no participará en la firma, ya que se autoexcluyó de la negociación. El documento será rubricado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; la conselleira de Traballo, Beatriz Mato; el secretario general de CCOO en Galicia, José Manuel Sánchez Aguión; el secretario general de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontela. El acuerdo sobre el diálogo social en Galicia se firmará justamente dos meses antes de que los sindicatos convoquen una huelga general en toda España en protesta por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otra parte, CCOO y UGT denunciaron ayer que el texto de reforma laboral aprobado por el Congreso es el "mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años" y destacaron que esto se ha llevado a cabo por un gobierno "socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales".

En un comunicado conjunto, afirman que la reforma que sale del Congreso "facilita" a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, "haciéndola más fácil, más rápida y más barata".

En su opinión, los cambios introducidos son "ineficaces" en materia de contratación temporal y hacen "más vulnerable" el empleo fijo, al tiempo que se da "mayor poder discrecional" al empresario.

Ambas centrales sindicales también rechazan que se legalicen las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y que se "ignore" la necesidad del cambio del modelo productivo, que consideran "imprescindible" para afrontar los problemas reales de la economía y del empleo.

Asimismo, advierten de que en la reforma, sobre la que ahora debe pronunciarse el Senado, apuesta por una competitividad basada en la "reducción de los costes empresariales a costa de los derechos de los trabajadores".