Marsans se apropió de las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores

REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / MADRID La Inspección de Trabajo de Madrid -dependiente del Ministerio de Trabajo- ha remitido a la Fiscalía los resultados de su investigación sobre Viajes Marsans, el grupo turístico que perteneció hasta junio al presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio Gonzalo Pascual, tras apreciar indicios de delito penal en la gestión de la empresa y concretamente en la relación con sus trabajadores.

La Inspección de Trabajo concluye tras visitar en julio el grupo de empresas que sus gestores pudieron incurrir en apropiación indebida "de remuneraciones de los trabajadores" por no haber ingresado las cuotas de la Seguridad Social desde marzo pasado pese a haberlas retenido en la nómina de cada empleado. La empresa dejó de abonar las cuotas empresariales a la Seguridad Social en noviembre de 2009 y en marzo pasado también dejó de pagar las de los trabajadores, pero no solicitó su aplazamiento. El inspector de la autoridad laboral considera que el grupo Marsans incurrió en tres infracciones graves y en dos muy graves, pero ante la posibilidad de que exista un delito penal, ha decidido suspender el proceso sancionador y enviar toda la documentación a la Fiscalía para su investigación, tal y como establece la legislación.

En un escrito en el que contesta a una reclamación de UGT, Trabajo reconoce que Marsans ha incumplido varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la ley general de la Seguridad Social y la ley de prevención de riesgos laborales, lo que constituyen tres infracciones graves y dos muy graves tipificadas en la normativa del Orden Social.

La autoridad laboral refleja además que el personal de Marsans ha sufrido "falta de ocupación efectiva" y un "retraso reiterado y falta de puntualidad" en el cobro de sus salarios, y acusa a la dirección de la empresa de "no mantener en adecuadas condiciones de limpieza los centros de trabajo". "La falta de limpieza es habitual y consciente, como se ha acreditado", señala el documento, dirigido al representante de UGT Alfredo Herranz. Fuentes de UGT explicaron que las irregularidades son imputables tanto a los anteriores dueños del negocio como a Posibilitum Business, porque fueron cometidas hasta junio.