Competencia acusa a las marcas de subir el precio de los coches durante el plan 2000E

AGENCIAS | MADRID La Comisión Nacional de Competencia (CNC) asegura que los fabricantes de automóviles aumentaron el precio franco fábrica de los coches -antes de impuestos, descuentos y ayudas-, aprovechando la aplicación del Plan 2000E de incentivos directos a la adquisición de vehículos que puso en marcha el Gobierno.

La CNC asegura que los precios franco fábrica subieron de forma generalizada en una media de 400 euros, si bien en algunos casos el crecimiento llegó a los 1.000 euros, explica el organismo en su informe anual sobre ayudas públicas.

Los incentivos del Plan 2000E, que expiró en julio pasado, alcanzaban un máximo de 2.000 euros por operación, de los que 1.000 euros correspondían a las marcas, otros 500 euros al Gobierno central y los 500 euros restantes, a las comunidades autónomas.

El organismo que preside Luis Berenguer añade que los aumentos de precios de los automóviles podrían haber sido mayores mediante reducciones de los descuentos de fabricantes y vendedores, "pero éstos no son observables". "Ello hace pensar que el fabricante/importador ha aumentado los precios con el fin de contrarrestar el descuento e incorporar en el precio parte del subsidio, propósito que ha conseguido en mayor o menor medida en función de su capacidad de respuesta a la demanda adicional generada tras la implantación del Plan 2000E", asegura.

Pese al aumento de los precios antes de impuestos, descuentos e incentivos que detecta la CNC, esta entidad indica que los precios de venta se redujeron aproximadamente un 5% tras la entrada en vigor del programa de ayudas, que además permitió elevar la demanda en un 12% adicional.

La autoridad de Competencia asegura que el diseño del Plan 2000E fue "deficiente", en la medida en que no incluyó los elementos necesarios para precisar y controlar el cumplimiento de la condición de descuento por parte de fabricantes o importadores. Además, critica el hecho de que las ayudas de diferentes comunidades autónomas estuvieran condicionadas a la residencia del comprador en estas regiones, porque "supone una reducción de la competencia y una fragmentación del mercado".