13.000 gallegos pagan un recargo del 40% en la luz por incumplir una norma estatal

P. PÉREZ / C. VILLAR | SANTIAGO Trece mil usuarios gallegos sufren un recargo de entre el 20 y el 40% en su factura de la luz por incumplir la normativa estatal que obliga a los clientes con una potencia instalada de más de 10 kilovatios (KW) de electricidad a contratar su suministro con una empresa comercializadora en el mercado libre. Si antes del 31 de diciembre de este año no se adaptan a esta ley, el Ministerio de Industria les cortará la electricidad. Entre los afectados se encuentran particulares, pero también ayuntamientos y pymes.

El desconocimiento de la norma estatal, las dificultades para encontrar comercializadoras de electricidad en el mercado gallego y la exigencia de avales por parte de algunas de estas empresas para prestar el suministro son las razones que justifican que todavía queden 13.000 usuarios en Galicia sin adaptarse a la ley del Ministerio de Industria, según los datos aportados por la Consellería de Economía.

En julio de 2009 desaparecieron las tarifas eléctricas integrales, las de toda la vida, y se creó la Tarifa de Último Recurso, cuyo precio es fijado por el Gobierno. Sin embargo, sólo los clientes que tengan contratados 10 kilovatios o menos de electricidad pueden acogerse a esta tarifa regulada por el Ministerio. El resto deben acudir al mercado libre para contratar el suministro.

La ley obliga a estos usuarios a contactar con alguna empresa que comercialice electricidad en su zona -se recomienda al menos que hablen con tres empresas- y les soliciten ofertas. El objetivo es que consigan el precio más ventajoso del mercado. Para ello deberán aplicar los nuevos precios a su consumo de los últimos doce meses y comprobar la diferencia.

La aplicación de esta normativa sin embargo se está encontrando con serias dificultades en la práctica y aún queda un "gran número" de usuarios que no han buscado comercializadora en el mercado libre y a los que se les aplica por defecto la Tarifa de Último Recurso (TUR). Para forzar a estos clientes a cumplir la ley, el Ministerio de Industria ha decidido aplicarles un recargo de entre el 20 y el 40% en su factura de la luz -el sobrecoste depende de la potencia contratada y de su consumo mensual-. Y, por si esta medida no es suficiente, a partir del 31 de diciembre se les cortará directamente el suministro, lo que podría ocasionar graves prejuicios a muchos gallegos que todavía no han encontrado comercializadora o tienen dificultades para contratarla.

El problema no es exclusivo de Galicia. En España son más de 205.000 los clientes que sufren estos recargos en su factura de la luz, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la aplicación de la regulación de tarifa aprobada por el Gobierno en julio de 2009.

Este documento revela que la mayoría de los consumidores que no se han adaptado todavía a la normativa son particulares (40%), pero también hay un 32% de administraciones públicas y un 25% de pequeñas y medianas empresas.

Según denuncia la Comisión Nacional de Energía, una de las trabas para contratar la electricidad en el mercado libre es que las comercializadoras exigen avales a aquellos consumidores, tanto empresas como concellos, con alto riesgo de impago. La CNE justifica que se exija esta condición a las pymes pero advierte de que el sector público ya ofrece suficientes garantías sin necesidad de que las suministradoras le demanden un aval económico como garantía de pago.

Las administraciones públicas afectadas por estos recargos deberían además, en opinión de la Comisión Nacional de Energía, simplificar los pliegos de los concursos para contratar la electricidad y agilizar así el proceso para evitar que el 31 de diciembre les corten la luz.

La otra recomendación de la CNE es "mayor información y transparencia", ya que muchos usuarios, sobre todo domésticos, desconocen aún que deben cambiar su contrato de electricidad.

En todo caso, la Comisión de Nacional de Energía propone que si se prolongan las dificultades debería ampliarse el número de usuarios que pueden beneficiarse de la Tarifa de Último Recurso e incluir a todos aquellos con menos de 50 kilovatios de potencia contratada.