La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados rechazó ayer modificar el real decreto del carbón que regula las ayudas al sector de la minería en España y beneficia a las cuencas de Asturias y Castilla y León, pero cuya aplicación amenaza con paralizar la producción de las dos centrales térmicas coruñesas. La proposición no de ley del BNG para adaptar la norma al desarrollo de una "estrategia energética económica y medioambiental sostenible" y a las "especificidades de las distintas comarcas mineras" fue rechazada con los votos en contra del PSOE y la abstención del PP. De nada sirvió la petición del portavoz del BNG, Francisco Jorquera, a socialistas y populares para que defendieran en Madrid lo mismo que en Galicia: la propuesta de la formación gallega recibió 3 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones. La última palabra la tiene ahora la Comisión Europea, que decidirá en las próximas semanas si da su visto bueno al decreto del Gobierno.

Francisco Jorquera, defendió en el Congreso que la norma, en su actual redacción, encarecerá artificialmente la producción eléctrica, generará un incremento de las emisiones y provocará en el mercado eléctrico mayorista (pool) problemas más graves que los que pretende solucionar.

"No negamos la necesidad de fomentar el desarrollo de comarcas mineras de otras partes del Estado, pero sin comprometer el desarrollo de una estrategia energética, económica y medioambiental sostenible y asegurar la igualdad de trato, y eso implica que se tenga en cuenta la singularidad de las comarcas mineras de As Pontes y Meirama", declaró el diputado coruñés.

Su paisano Antonio Erias Rey, portavoz del PP, fue más ambiguo durante su comparecencia. Por una parte admitió el problema de las centrales gallegas, que han realizado una gran inversión en los últimos años para quemar carbón importado "después de que se agotaran los recursos de la zona", pero se mostró contrario a modificar el real decreto.

Erias propuso una enmienda de sustitución al texto del BNG reclamando que se mantenga "la actividad de Meirama y As Pontes, cuando menos al denominado mínimo técnico para que las centrales no tengan que estar paradas durante cuatro años". El portavoz del PP en la Comisión de Industria instó al Gobierno a emprender "acciones para que las consecuencias indeseables que se puedan producir en Meirama y As Pontes no se manifiesten con toda su crudeza".

El BNG, no obstante, rechazó la propuesta del PP porque "obvia lo más importante, la modificación del decreto". Jorquera criticó la actitud de los populares, a los que acusa de preocuparse "únicamente de resarcir a Endesa y Gas Natural Fenosa -las propietarias de las centrales eléctricas gallegas-, cuando la preocupación debería ser el impacto laboral y económico en las comarcas afectadas".

El diputado nacionalista recalcó en el Congreso que peligran "cerca de 2.000 puestos de trabajo, no sólo directos, sino también en la actividad económica inducida en las comarcas", que afectará "a los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol". En la provincia de A Coruña se estima que las pérdidas que ocasionará la entrada en vigor del real decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono superen los 100 millones de euros.

Ni el discurso de los nacionalistas gallegos, ni la enmienda que presentó el Partido Popular, lograron modificar la postura de los diputados socialistas, que votaron en contra de modificar el texto a pesar de las súplicas de sus compañeros de partido, los alcaldes de As Pontes y Cerceda.

Yolanda Casaus, la portavoz del PSOE, argumentó que el carbón es la única "fuente autóctona" de energía en España y las regiones mineras "han dado mucho a cambio de poco", por lo que es hora de "devolver su solidaridad", a través de esta norma. "Este Parlamento no debe poner trabas al visto bueno del decreto en Bruselas", aseguró.

El ferrolano Xavier Carro, diputado socialista y adscrito a la Comisión de Industria pero sin derecho a voto, defendió la postura de su partido para sacar adelante un decreto que ha sido "consensuado por todos los sectores implicados". Carro argumenta que las centrales de Meirama y As Pontes "seguirán representando un papel importante dentro de la generación eléctrica en los próximos años", ya que el carbón de importación "seguirá dentro del mix energético nacional".

Una afirmación que desmiente el alcalde de Cerceda, José García Liñares -así como las previsiones de Endesa y Gas Natural Fenosa-, al asegurar que la producción de las centrales térmicas ya se redujo debido a la prioridad que tienen las energías renovables -al no poder acumular la electricidad que generan- a la hora de volcar su producción a la red, y pasará a ser "prácticamente nula" con la aplicación de un decreto que establece que "el 15% del total de electricidad producida en España sea con carbón autóctono".

Xavier Carro, sin embargo, sostiene desde Madrid que las comarcas de Ferrolterra y Cerceda "podrán seguir sosteniendo su crecimiento basado no sólo en el parque térmico existente sino también en la importante inversión realizada en el fomento tecnológico de la producción eléctrica a través del uso de energías renovables".

Un centenar de mineros de la cuenca palentina volvieron a cortar ayer la autovía A-231 (Burgos-León) en ambos sentidos durante más de una hora, entre las 11.10 y las 12.25, e incluyeron en esta ocasión el corte de la N-120 para evitar el desvío de vehículos, lo que provocó retenciones superiores a 1,5 kilómetros. Durante la contención de las manifestaciones de ayer en León, dos guardias civiles y un minero resultaron heridos leves. Los mineros de El Bierzo y Laciana también volvieron a repetir los cortes de tráfico en la Autovía del Noroeste, la A-6, en Bembibre (León), para reclamar el cobro de sus salarios. En este sentido, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, pidió a la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) que denuncie a las compañías mineras que han decidido dejar de pagar las nóminas de sus empleados y les inste a "cumplir con lo pactado". La patronal, por su parte, exigen al Gobierno la presentación de un programa financiero que garantice el pago de 75 millones de euros mensuales hasta diciembre, de los cuales 60 serían sufragados por el Ministerio de Economía y el resto por los empresarios.