Aunque el calendario de implantación es relativamente largo, con un periodo de transición que va desde 2013 hasta el arranque de 2019, no queda remedio que irse preparando. La reforma de la contabilidad internacional para el sector, recogida en Basilea III, con nuevos requisitos de core capital -la suma del capital y las reservas- hasta un 7% mínimo y que además los recursos sean de mayor calidad, supone otro hándicap para cajas y bancos. Las entidades españolas necesitarán entre 35.000 y 40.000 millones de euros para cumplir con el nuevo escenario, según el director del Centro del Sector Financiero de PricewaterhouseCoopers e IE Business School, Luis de Guindos, a la cabeza de un informe sobre el futuro del sector con la entrada en vigor de Basilea III.

"La incertidumbre y la volatilidad de los mercados no estimulan el crecimiento de las emisiones de acciones y otros activos computables como capital, por lo que para cumplir con los recursos propios las entidades pueden verse obligadas a vender participaciones en empresas, inmuebles, o bonos", mantiene el que fue secretario de Estado con los populares en 2002.

De Guindos recuerda que la nueva regulación penaliza el modelo de entidad financiera como accionista de referencia de empresas -una práctica muy empleada en España entre las cajas para aprovecharse de las plusvalías-, sobre todo cuando se trata de no cotizadas, "lo que apunta directamente a desinversiones de participaciones industriales".