Las minas deficitarias de carbón nacional, concentradas en León y Asturias, podrán recibir ayudas del Estado hasta 2018 después de que ayer la Comisión Europea escuchase las demandas del Parlamento europeo y de los países productores de carbón -Alemania y Rumanía, además de España- y aceptase modificar su posición inicial, de ampliar las ayudas sólo hasta 2014.

El nuevo reglamento, acordado por los embajadores de los Veintisiete ante la UE, será aprobado formalmente por los ministros de Industria de la UE en su reunión del próximo viernes, día 10. Se trata de una normativa "relativa a la ayuda estatal para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas" y reemplaza al "reglamento sobre el carbón" vigente actualmente y que preveía el fin de las ayudas el próximo 31 de diciembre.

La medida supone un nuevo balón de oxígeno para las cuencas mineras de León y Asturias, que ganan tiempo para hacer de sus yacimientos un negocio viable o retrasar su cierre hasta 2018.

Fuentes del sector explicaron a este diario que esta prórroga a ni beneficia ni perjudica a las centrales gallegas, y aunque sí favorece los intereses de las minas de carbón nacional, no guarda relación alguna con el decreto del carbón que el Gobierno aprobó para favorecer a las centrales que consuman carbón nacional en un momento en el que la baja demanda energética y el auge de las renovables que obligaron a las térmicas gallegas a reducir considerablemente su producción.

Los sindicatos coinciden en el escaso impacto del reglamento de ayudas sobre la comunidad autónoma, aunque, según Manuel Grandal, representante de la CIG en la Plataforma en Defensa da Producción Eléctrica en Ferrolterra, puede facilitar que se produzcan nuevas "decisiones políticas" en defensa del carbón nacional y en detrimento del importado, que es el que Galicia consume, o un desbloqueo del decreto actualmente paralizado por el Tribunal de Luxemburgo y la Audiencia Nacional, tras los recursos de las compañías eléctricas.

Los Veintisiete amplían el plazo para las ayudas, pero con condiciones: El importe de las ayudas tendrá que reducirse progresivamente, de modo que a finales de 2013, las subvenciones que cada país conceda deberán bajar un 25% respecto a las otorgadas en 2011. La disminución será del 40% en 2015, del 60% en 2016 y del 75% en 2017. En 2017 sólo se autorizarán subvenciones por valor del 25% de las concedidas en 201. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ya había adelantado por la mañana que Bruselas no aceptaría un compromiso si no se respetaba las pautas de reducción progresiva y otros principios recogidos en su propuesta de julio pasado, pero al final accedió incluso a flexibilizar estas reducciones. La idea inicial de la Comisión era que las subvenciones siguiesen una línea decreciente y se rebajen al menos un 33% cada quince meses.

Las minas tendrán que cerrar definitivamente en 2018 si no han conseguido dejar de ser deficitarias, pero los estados miembros podrán concederles otro tipo de subvenciones hasta 2027 para recolocar a trabajadores, para prejubilaciones o para rehabilitación y limpieza de los yacimientos.

Las minas no competitivas están situadas en la región alemana del Ruhr, en Asturias y León y en el valle del Jiu en Rumanía. Por contra, en Polonia las minas de carbón todavía son rentables. El acuerdo ha sido posible después de que el Ejecutivo comunitario aceptara este miércoles modificar su posición inicial de julio de pedir el fin de las ayudas y el cierre de las minas deficitarias, en 2014. Una mayoría de Estados miembros, liderados por Alemania y Francia, así como la Eurocámara, demandaban una prórroga superior de al menos hasta 2018 por el impacto brutal que tendrían los cierres sobre el empleo en medio de la crisis.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, justificó su plan de cierre alegando que las empresas tienen que ser viables sin subvenciones y dijo que no sólo es una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales sino que también revierte en interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad. La UE se comprometió además a reducir un 20% las emisiones de CO2 y a aumentar hasta el 20% el porcentaje de renovables de aquí a 2020, y la continuidad de las ayudas contradice esta política.

La medida fue recibida con satisfacción en León y Asturias. El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, la consideró "una magnífica noticia" porque permite ganar tiempo para potenciar los trabajos sobre capturas de las emisiones de CO2 que se desarrollan en centrales Asturias y León. La Junta de Castilla y León calificó de positiva la ampliación del plazo, aunque advirtió de que la reducción progresiva de las ayudas puede comprometer la rentabilidad de las empresas y exigió saber si las minas que sean viables en 2018 tendrán que devolver las ayudas recibidas.

La eurodiputada socialista Inés Ayala aseguró ayer que los socialistas españoles "seguirán trabajando" para garantizar la seguridad energética con carbón seguro y que las minas resulten competitivas mediante el acceso complementario a las ayudas europeas para el carbón verde; es decir, para captura y almacenamiento de CO2.

Los eurodiputados socialistas españoles de regiones mineras, María Muñiz y Antonio Masip (Asturias), Iratxe García (Castilla y León), Miguel Ángel Martínez y Sergio Gutiérrez (Castilla-La Mancha) e Inés Ayala (Aragón) destacaron que la "firme posición" de la Eurocámara resultó decisiva para la consecución del acuerdo en el Ejecutivo de la UE.

Los eurodiputados agradecieron la labor realizada de Joaquín Almunia, quien desde el principio se mostró partidario de la ampliación. "El carbón europeo no se puede reemplazar por motivos de mercado por carbón importado que no cumple con los parámetros sociales, medioambientales y de seguridad que caracterizan a la minería europea".

Primas

El Ministerio de Industria calcula que las primas del régimen especial, que incluyen los incentivos a las energías renovables y a la cogeneración, se situarán en 2011 en 6.759 millones de euros, ligeramente por debajo de la partida prevista para 2010 por el regulador de la energía. Esta cifra es un 0,4% inferior a los 6.787 millones de euros en primas previstas para 2010 por la CNE.