ALFONSO PAJUELO
No es nada en lo que ya ni un Marín de salida de Energía ni un Sebastián ocupado en el Plan de Acción Industrial para el próximo lustro (y el Plan de Competitividad Industrial 2020 en que se integra) y con 14.000 millones de déficit de tarifa pendientes de titulización, tengan ahora tanta prisa. Y es que el Plan de Acción Industrial establece que desde julio de 2011, con el fin de la tarifa regulada de la luz y la reducción de la TUR (Tarifa de Último Recurso) a sólo tres millones de clientes, dejará al 90% de los usuarios eléctricos abocados a contratar en el mercado libre. Y las compañías eléctricas compitiendo en ese mercado libre abocadas a hacer aflorar los costes reales de la electricidad.
El día que por primera vez en la historia el Gobierno deje de controlar artificialmente el recibo de la luz, podrá comenzar a drenarse en el mercado un déficit de tarifa que supera ya los 16.000 millones de euros y que Moncloa se ha comprometido a eliminar antes de 2013, según la ley de medidas energéticas de 2009. Pero dejará en manos de las eléctricas la urgencia de subidas en las tarifas al consumidor de hasta un 20% el próximo año para ir equiparando el precio de la energía a su coste real de producción. Pero no todo es tan "sencillo" porque el Gobierno se reserva influir en una parte de la tarifa eléctrica, aquella que poco tiene que ver con el consumo y mucho con una política eléctrica desquiciada hace tres legislaturas.
Como advierte la patronal Unesa, la liberalización casi total del mercado "no soluciona el déficit de tarifa", alimentado desde 2004 mayoritariamente con el no reconocimiento de la dimensión real de la tarifa de acceso. Como advertía en entrevista con la revista Alfa del CSN Pedro Rivero, el presidente de Unesa, lo que no hace el mercado ni la competencia libre es producir déficit de tarifa, vendiendo la electricidad más barata de lo que cuesta. El presidente de Unesa estima que el déficit alcanzará los 20.000 millones este año y en el mercado de libre competencia las empresas pondrán remedio a este desfase entre gastos e ingresos que arrastran hace años. En palabras de Sánchez Galán, sería la oportunidad para pagar la electricidad al precio "que vale" y dejar de hacer "demagogia absoluta" en torno al precio de la luz.
Como recordaba en Cancún el presidente de Iberdrola, la fotovoltaica se ha pagado a 466 euros el megavatio hora y la termosolar a 300 euros, mientras que lo que paga el consumidor final son 50 euros, "el resto se lo estamos financiando". Aunque Industria propone a la CNE ahora no subir en su revisión del 1 de enero la parte regulada del recibo de la luz para suavizar la subida de precios de la subasta Cesur del 14 de diciembre que el sector ve como inevitable, ya durante la revisión del 1 de octubre -cuando acabó subiendo un 4,7%- asumió que habría que duplicar el precio y subir el recibo hasta un 115% de forma inmediata para diluir el déficit y visibilizar algunos sobrecostes, como el de las renovables.
Su decisión de congelar además el paso de los costes extrapeninsulares al sistema sólo echa más madera a la hoguera del déficit. Los Presupuestos de 2011 prevén absorber sólo el 17% del sobrecoste extrapeninsular pese a que Industria decía que debía traspasarse el 34%; a pesar de que según cálculos del sector, esa diferencia porcentual implicará un incremento del déficit en más de 220 millones y todavía se deben a las eléctricas 2.285 millones por estos costes desde 2001.