REDACCIÓN | SANTIAGO
La Xunta ultima el anteproyecto de Lei de protección do consumidor de Galicia, que favorecerá al cliente en casos en que existan "dudas" sobre los precios, exigirá a las empresas dar respuesta a las reclamaciones en un plazo de tiempo y creará la figura del mediador para promover la resolución de conflictos por vías extrajudiciales. El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, presentó ayer el borrador del anteproyecto, que se prevé que llegue al Parlamento gallego para su debate y aprobación a finales del primer semestre de este año. Entre las novedades, destacó que si el precio de un servicio o un producto no está claro -por ejemplo, en casos en que un folleto anuncie un precio, pero en el establecimiento se marque otro-, la interpretación será "a favor del consumidor". A las empresas que vendan servicios en Galicia pero no tengan sede en la comunidad se les exigirá que pongan a disposición de los consumidores un correo o un número de teléfono gratuito.