El Gobierno quiere suprimir la jubilación parcial por contrato relevo, utilizada desde hace años por las empresas gallegas, al margen de su tamaño, para rejuvenecer las plantillas prejubilando a trabajadores cuando cumplen los 60 años. El anuncio lo realizó ayer el responsable de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, y ratificó el que hace unos días había adelantado el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer. El Ministerio de Trabajo guarda silencio. El contrato relevo figura en los convenios de todas las grandes empresas de la comunidad y se negocia y aplica prácticamente en todos los sectores de la economía. De hecho, miles de trabajadores de las cajas de ahorros están pactando su salida mediante esta fórmula en el proceso de reordenación del sector.

¿Cómo afectaría a Galicia la eliminación del contrato relevo? Las fuentes consultadas coinciden en que "no puede aplicarse esta supresión de manera traumática. Los convenios que recogen esta fórmula deben respetarse".

El número de prejubilados que hay en la actualidad es una incógnita, porque no es una figura legal reconocida y no se les registra como tal. Y es que en realidad se trata de un acuerdo privado entre la empresa y el trabajador y los afectados pasan a figurar como desempleados durante dos años. Pero son miles de gallegos los que están en esta situación y los que se pueden ver afectados si se elimina esta figura.

Otra aspecto es la jubilación anticipada o especial a los 64 años, que según CCOO, el Gobierno también quiere eliminar. Consiste en que los trabajadores que tienen cotizados a la Seguridad Social más de 15 años se pueden jubilar sin que se les apliquen coeficientes reductores que rebajan su pensión.

Estas medidas se suman a las propuestas del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años; ampliar los años de cotización de 35 a 37 para cobrar el 100% de la pensión; que se puedan jubilar con 65 años quienes tengan una vida laboral superior a los 41 años, y elevar de 15 a 25 los años necesarios para calcular la pensión. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, aseguraron ayer que el acuerdo es difícil porque las posiciones "están muy alejadas", aunque hay voluntad de pacto.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que es "posible" el acuerdo con los agentes sociales para alcanzar un gran pacto laboral y social, pero precisó que no lo ve "cerca", porque "son muchas" las cosas que separan "y las restricciones de unos y otros son importantes".

El pago de la nueva ayuda de 350 euros, que estará vinculada a la formación y sustituirá al subsidio de 426 euros que cobran ahora los parados sin ingresos, no supondrá un "gravamen para las comunidades autónomas". El Ministerio de Trabajo precisó ayer que las políticas activas de empleo las paga el Estado, mientras que son las comunidades las encargadas de ejecutarlas. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, también matizó que esta nueva ayuda es "sólo una propuesta" y que se discutirá el próximo lunes con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de Empleo.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, explicó que la financiación de los 350 euros se hará por tres conductos. La primera de ellas viene del ahorro obtenido en las bonificaciones a la contratación, ya que la reforma laboral las concentra en dos colectivos: jóvenes y parados mayores de 45 años de larga duración.

La segunda vía de financiación es la reorientación de las inversiones en las política activas de empleo: hasta ahora el 60 % del presupuesto se destinaba a la formación de ocupados y el resto a la de desempleados, porcentajes que ahora Trabajo considera "justo" que sea al contrario. La tercera, el adelanto de ingresos por parte del Fondo Social Europeo, cantidad que aún no se precisó. Se prevé que la nueva ayuda de 350 euros se facilite durante seis meses.