La patronal de las cajas de ahorros españolas defendió ayer los nuevos requisitos de capital básico y solvencia que el Gobierno impondrá -en un decreto ley- a las cajas, de entre un 9 y un 10% del core capital, a pesar de que supera el nivel que se exige actualmente a las entidades financieras de la Unión Europea. En opinión de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que desde hace meses preside el máximo directivo de La Caixa, las nuevas medidas aseguran el futuro de un sector que de otro modo estaba abocado a la desaparición.

"Las exigencias de capitalización permiten la supervivencia de un modelo que en otro supuesto sería imposible", defiende José María Méndez, actual secretario de la CECA, gallego, y futuro director general en sustitución de José María Olavarrieta, que se jubilará en marzo. Méndez entiende que la situación no pintaba bien y que las fusiones cerradas el año pasado dejaban el negocio pendiente de un hilo. Por eso considera que la recapitalización impuesta por el Ministerio de Economía permitirá "perfeccionar" la gestión de las cajas, sobre todo por la despolitización de los órganos de gobierno. El sector espera todavía los detalles que Moncloa plasmará en un decreto ley el próximo mes de febrero y urge a aclarar cuanto antes el panorama al que tienen que adaptarse las entidades de ahorro.

A la CECA no le gustaban las primeras noticias que se tuvieron del "plan de aceleración" que manejaba el Ejecutivo para el reordenamiento definitivo del sector. Su presidente, Isidro Fainé, líder de La Caixa, la principal caja española, y pionero en la bancarización del negocio con la decisión tomada ayer por su consejo de administración, amagó con plantarse si finalmente había una nueva modificación de la Ley de Órganos de Representación (Lorca), reformada el pasado año. Por eso el lunes, durante la presentación de los requisitos en recursos propios y la hoja de ruta del proceso, la vicepresidenta Elena Salgado hizo tanto hincapié en que la normativa quedaba tal y como está, con las cuatro opciones posibles de negocio que están en vigor desde los cambios de la ley. O mantenerse como caja y fortalecerse con la emisión de cuotas participativas con derechos políticos, apoyarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) alrededor de un banco, que una caja eche también mano de una ficha bancaria para su gestión e, incluso, convertirse en fundación para la obra social.

Lo que ocurre es que con la intención de Economía de que las entidades que no cumplan entre el 9% y el 10% de core capital -la proporción de recursos propios de calidad sobre el total de sus activos- acudan al mercado privado para ganar músculo no hay camino que no pase por la privatización. Especialmente de las fusiones que, como Novacaixagalicia, cuentan con una capitalización muy baja. De lo contrario, serán nacionalizadas durante un máximo de cinco años con una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y convertidas en bancos obligatoriamente.

En caso de que se necesitaran los 20.000 millones en los que Salgado estimó las demandas de recapitalización, las ayudas totales sumarían "el 3% del PIB", muy lejos de otros países, dice Méndez.

Para saber exactamente en qué situación está cada caja es fundamental detallar la medición del core capital. De ahí que la patronal, que quiere ser "muy prudente" apure al Ejecutivo a, entre otros asuntos, desvelar si las participaciones preferentes -el instrumento utilizado hasta ahora por el FROB para suscribir los préstamos entregados a las entidades reestructuradas- o las ejecuciones de capital computarán como recursos propios de calidad. "Nos podemos adaptar al nuevo entorno, jugar el papel que hemos desempeñado, porque la sociedad sigue demandando los servicios financieros de las cajas y su lucha contra la exclusión social", sostiene Méndez, el nuevo hombre fuerte de la CECA, experto además en normativa financiera.

Sin tocar la Lorca, las cajas dan su beneplácito a las endurecidas condiciones de solvencia y la entrada de socios privados en el capital para, de paso, "drenar" la influencia política y "avanzar en la profesionalización". José María Méndez recuerda que los inversores tendrán derecho a sentarse en los órganos de decisión a costa de reducir la presencia de organismos públicos. "Es importante -añade- mejorar el Gobierno corporativo". Es un momento "muy determinante" en la historia del sector y por eso la CECA cuenta con un ejercicio complicado en los resultados de las entidades pese a la "actitud proactiva" en el saneamiento de las cuentas. Méndez no se siente nada optimista en cuanto a beneficios de este 2011 en el sistema.

Dudas legales

No sólo la CECA urge a conocer la letra pequeña del decreto que prepara el Ministerio de Economía. El sector espera que el Gobierno no se empeñe en penalizar aún más a las cajas, como Novacaixagalicia, que participaron en una fusión y destinaron el crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a provisiones para sanear sus cuentas, como así les exigió el Banco de España. Hay quien advierte incluso de que obligar a todas las cajas a tener un core capital de un 9% o un 10% sin tener en cuenta las provisiones realizadas y un 8% para los bancos no es sólo injusto sino que roza la ilegalidad por discriminación. Si la Xunta, la caja o alguna otra institución da algún paso para llevar la nueva ordenación a los tribunales, no se decidirá sin embargo hasta que el Gobierno ponga por escrito sus normas.

Mientras, Novacaixagalicia celebra hoy su primer consejo de administración del año con el difícil papel de explicar a sus vocales cuál es el panorama que se avecina. La nueva regulación será tratada en la reunión, a la que muchos vocales acuden con la intención de conocer qué futuro dibuja la caja gallega. La entidad mantiene contactos con la Xunta, el Ministerio de Economía y el Banco de España, pero nada aclara sobre la vía por la que optará para cumplir con la exigencia del Ministerio de Economía, sobre todo porque no está nada claro. En cuanto Salgado ponga las cartas sobre la mesa -oficial u oficiosamente- los directivos explorarán todas las vías posibles con el objetivo de cumplir el mandato de sus órganos de gobierno; mantener la vinculación a Galicia.

A los empleados de Novacaixagalicia no les llega la camisa al cuerpo. Los anuncios de la ministra de Economía, Elena Salgado, de que endurecerá las exigencias de capital a las cajas de ahorros han hecho cundir el desánimo y la creencia de que a las prejubilaciones pactadas para casi 1.300 empleados seguirá un nuevo recorte.

"La gente está muy preocupada y también los clientes, que no dejan de preguntarnos en las oficinas qué va a pasar. Mucho nos tememos que esta incertidumbre acabe por provocar que la gente empiece a retirar sus ahorros", explica Isabel Gayoso, portavoz de la Asamblea de Traballadoras e Traballadores de Caixa Galicia (una escisión de la CIG en la provincia coruñesa).

Las secciones sindicales de UGT, Csica, Asamblea de Traballadores y Traballadoras de Caixa Galicia y CGT urgieron ayer a la dirección a darle una explicación sobre el panorama que abren las nuevas exigencias de solvencia que pretende imponer el Gobierno. El comunicado, al que según UGT, no han querido sumarse ni CCOO ni CIG, fue entregado en mano ayer a mediodía al director general de la nueva entidad, José Luis Pego, con quien los firmantes aguardan poder reunirse en las próximas horas. En caso de que los directivos no accedan a sus pretensiones, los representantes de la plantilla de la nueva caja están dispuestos a salir a la calle y tomar medidas de presión incluso contra el Gobierno y el Banco de España.

Para José Ramón del Pliego, de UGT, está "clara" la postura de las centrales firmantes "en defensa de la caja gallega". "Queremos saber por qué camino pretende optar la dirección; si buscarán salvarse ellos o si por el contrario lucharán por el mantenimiento de la caja, dado que ésta ha sido nuestra apuesta", advirtió. Los representantes de la plantilla con silla en el consejo de administración aprovecharán la reunión prevista para hoy en Vigo para pedir una explicación sobre los planes que tiene la entidad. Novacaixagalicia ya estudia las posibilidades, aun consciente de que para planificar su futuro necesita que el Ministerio de Economía concrete por escrito el contenido de lo que parece que se sustanciará como un decreto ley.

Críticas

Y es que la nueva regulación no deja de generar críticas y preocupación en Galicia, como las expresadas ayer por el presidente de los constructores gallegos y el representante de la patronal pontevedresa, José Manuel Fernández Alvariño, quien censuró los "bandazos" del Gobierno y exigió a la Xunta que haga saber al Gobierno que la regulación, tal y como está anunciada, discrimina a las cajas respecto a los bancos.