A modo de despedida, los principales promotores eólicos que operan en Galicia comieron esta misma semana con Carlos Gómez, ex subdirector xeral de Enerxía y encargado de la mesa de valoración de las peticiones para el macroconcurso con el que la Xunta pretendía despejar el camino de la recuperación económica en la comunidad. "Era nuestro único interlocutor real con la Administración", cuenta uno de los empresarios presentes en el encuentro.
La contundente afirmación se repite entre otros, miembros incluso de la patronal del sector, la EGA, que vuelve a mirar con inquietud el futuro del negocio del viento. Según todas las fuentes consultadas, Gómez se marcha de la Consellería de Economía por su enfrentamiento con el director xeral Ángel Bernardo Tahoces, encargado del concurso y que mantiene también "claras desavenencias" con el titular del departamento, Javier Guerra.
El vaso rebosante de tensión en el que se ha convertido la puja eólica se desbordó días después con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) que avala la legalidad de la subasta impulsada por el bipartito y que los populares anularon a su vuelta a San Caetano precisamente amparándose en que el proceso no se ajustaba a derecho. Lo que ocurrirá a partir de ahora es una enorme incógnita. Por no saber, ni el Ejecutivo autonómico desvela cuántos recursos se han presentado contra su polémica resolución.
. La sentencia. El veredicto del TSXG responde a una demanda de la italiana Enel contra el concurso de la pasada legislatura. La multinacional, que aspiraba entonces a 584 megavatios (MW), salió de vacío y llevó al tribunal hasta 15 preceptos que consideraba irregulares, sobre todo la participación pública de la Xunta en los parques como una de las principales variables de la puntuación. Una por una, la sentencia rechaza todas las quejas, incluso la reserva de capital de las instalaciones a favor de la Administración, lo que "más dudas plantea", pero que el TSXG considera "legítima".
. Llamadas a la calma. El nuevo Ejecutivo gallego, que en su decisión de tirar abajo el decreto eólico del bipartito se agarró a "tachas de legalidad directa e infranqueable", se apuró a señalar que el nuevo escenario no iba a afectar al desarrollo del concurso actual. Y en el sector también lo creen. La derogación con una ley cercena el camino a cualquier remilgo en los tribunales, pero no en la petición de indemnizaciones entre las empresas que resultaron adjudicatarias con el anterior Gobierno. En Economía insisten en que, como mucho, tendrán derecho a las cuantías de gastos de papeleo y administración, porque las instalaciones solo estaban admitidas a trámite. Pero, por si acaso, y según apuntan varios de los principales promotores gallegos, la Xunta está poniéndose en contacto con ellos para "tranquilizar los ánimos". "Es el poder de la administración", cuentan en el sector. La misma estrategia que en San Caetano emplearon tras el intenso debate generado con su reparto para calmar el enfado de los que se quedaron fuera ahora. "Tarde o temprano, algunos tendremos que recurrir a la Xunta por nuestra actividad", admite el responsable de una de las compañías afectadas.
. Los problemas en economía. "Están muy, muy nerviosos", cuentan fuentes cercanas a la Consellería de Economía, en relación a la situación abierta con el concurso eólico. Las disputas entre Guerra y Tahoces no son nuevas. Desde antes de la resolución del concurso las tiranteces se fueron haciendo frecuentes. El distanciamiento subió de tono cuando esa resolución se publicó y "reforzó" determinados criterios que encendieron la mecha del sector. Economía decidió avalar a las empresas que quisieran ejecutar íntegramente el plan industrial sin conseguir la potencia mínima que habían marcado en su solicitud, pese a que las dos opciones que marcaba el concurso eran o la renuncia a los parques o la entrega del dinero en proporción a los megavatios recibidos. Una decisión que ayuda a aquellas firmas que, de otra manera, tendrían que haber ingresado en la caja de la Xunta cientos de millones de euros. Carlos Gómez, según varias fuentes, no llegó a firmar el acta final del reparto del concurso.
. El sector. La exquisita prudencia de la que hace gala la patronal EGA les mantiene de nuevo en silencio. Aunque muchos de sus integrantes no disimulan que las aguas vuelven a andar muy revueltas con la Xunta. "Si alguna vez fueron bien, que realmente no fue así", dice uno de ellos. Otra vez lamentan la falta de comunicación con el Ejecutivo autonómico. De hecho, fue el reproche evidente que hicieron público en una nota a la prensa en enero tras la publicación de la resolución. Pero había muchas más críticas veladas con su "preocupación por la controversia" generada por esa resolución y las "ambigüedades" en la redacción de la orden que sacó el concurso. EGA lamentaba que se llegara a esa situación cuando la propia patronal y muchos solicitantes particularmente intentaron resolver dudas con notificaciones previas a Economía. De aquellos reproches surgieron los apuros de la Xunta por una mesa de seguimiento para los proyectos eólicos y una plataforma para agilizar obras eléctricas, de las que no se ha vuelto a saber nada.
. Los recursos y las renuncias. Ni de lo uno ni de lo otro se sabe nada. La Consellería no revela ni cuántos recursos de alzada se han presentado contra la resolución, pero tampoco cuántas empresas han optado por renunciar a los proyectos o monetarizar las inversiones.
