ANA BELICIA GIORGINI | A CORUÑA
Los consumidores se han puesto en pie de guerra contra las prácticas abusivas de las eléctricas y estudian todas las formas legales posibles para echar abajo el cobro de la factura estimada mensual. La Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave) ha recopilado en el último año unas 7.000 facturas de consumidores gallegos en las que se aprecia un cobro desmesurado por la lectura estimada del contador. La mitad de estas reclamaciones ya están en manos de los abogados de la Confederación Española de Asociaciones Vecinales (CEAV), que se ocuparán de centralizar las quejas y de realizar los trámites legales necesarios. La otra mitad se está gestionando junto al aluvión de quejas que reciben cada día las asociaciones sobre las "malas prácticas" de las eléctricas.
La respuesta de los afectados en Galicia es "relativamente buena", según Cogave, pero algo lenta. Igual de lenta se prevé que será la respuesta de la Xunta ante las numerosas reclamaciones de los consumidores. De momento, la Consellería de Industria prevé "estudiar jurídicamente todas las posibilidades" que tiene para imponer multas a las eléctricas que cometan abusos. Un anuncio que llega dos años y medio después del cambio de recibo y después de que la Comunidad de Madrid abriera los ojos al resto de administraciones autonómicas sobre las competencias que tienen para frenar las prácticas abusivas de las compañías.
"Hemos hecho fotocopias de recibos en los que se cobra una barbaridad por la lectura estimada. Hay numerosos casos que superan los 300 y 400 euros por factura y de clientes a los que se les ha bloqueado la cuenta por tener que pagar estas cantidades desorbitadas", explica Elena González, presidenta de Cogave. El objetivo de la campaña nacional puesta en marcha por las asociaciones vecinales es forzar a las eléctricas para que cobren únicamente las lecturas reales del contador y no consumos estimados, aunque para ello tengan que regresar al recibo bimensual o hacer lecturas mensuales. Los vecinos esperan que con el aluvión de reclamaciones que han recopilado en todo el Estado consigan bloquear esta práctica con sanciones como la que anunció la Comunidad de Madrid a tres compañías. Estas empresas eléctricas -cuyo nombre no se ha revelado- se enfrentan a multas de hasta 3,87 millones por facturar servicios no prestados.
Han pasado casi dos años y medio desde que los vecinos comenzaron a recibir la factura de la luz mes a mes en sus casas y las quejas, lejos de disminuir, se incrementan a cada paso. Los consumidores aún no entienden el nuevo método de facturación y siguen sin saber muy bien por qué se les está cobrando. La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con facturaciones que los abonados consideran excesivas y desproporcionadas con respecto a su consumo habitual. El 23% de las quejas recibidas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Coruña (Coeticor) en 2010 estaban relacionadas con la lectura mensual del contador de la luz.
El Instituto Gallego (IGC) de Consumo, a su vez, registró en el primer trimestre del año 5.430 reclamaciones por la facturación de las eléctricas, más del doble que las contabilizadas el año pasado durante el mismo periodo (2.101).
Entre las numerosas reclamaciones que reciben en relación al recibo de la luz, Gabriela Damil, responsable de la asociación de consumidores de Coeticor, pone como ejemplo dos quejas que tramitan en estos momentos y que, a su juicio, demuestran la impunidad con la que actúan las eléctricas.
El primero es el caso de un abonado al que le facturaron 800 euros por el consumo de un piso que está cerrado. Un hecho que no está justificado y que sólo se explica si la compañía cobró a su cliente varios meses de atraso en una misma factura, cuando tiene la obligación legal de leer el contador cada dos meses. La segunda queja guarda relación con el error cometido por una compañía al dar de alta un servicio y anotar mal el número del piso. La operadora cobraba a los clientes el consumo de sus vecinos en vez del suyo, pero al avisar del fallo a la compañía, en vez de corregirlo, volvió a dar de alta a los abonados, que pagaron dos inscripciones en tres meses.
Por estas prácticas abusivas, tanto Coeticor como Cogave aplauden el anuncio del Ejecutivo gallego de que está "dispuesto a establecer medidas más coercitivas" que las actuales a las eléctricas, aunque exigen a la Xunta que actúe con rapidez y que se posicione a favor de los consumidores. "Esperamos que la Xunta actúe y se posicione a favor de los ciudadanos, por el bien de todos. Las eléctricas ya han tenido tiempo más que suficiente para adaptarse y siguen cometiendo errores en contra de los abonados. Al principio achacaban los fallos al sistema informático y las nuevas tarifas, pero ya es hora de que se tomen medidas", reclama Damil.