La Xunta multará a las compañías que pongan trabas al cliente para darse de baja

PAULA PÉREZ | A CORUÑA Para darse de alta, por ejemplo, en una compañía de teléfonos, basta con una simple llamada. Pero cancelar el contrato requiere una tramitación muy farragosa en la que pueden mediar centralitas automatizadas, conversaciones telefónicas con varios departamentos, varios correos electrónicos e incluso el envío de faxes o comunicaciones por escrito. La intención de la Consellería de Economía es poner fin a este vía crucis y, por esta razón, prepara una ley que sancionará con hasta 15.000 euros a cualquier tipo de empresa que ponga trabas a sus clientes cuando quieran rescindir sus contratos.

Según el anteproyecto de ley de protección de las personas consumidoras, será considerada infracción grave cualquier "limitación, exigencia injustificada al consumidor para poner fin a su contrato de prestación de servicios", así como poner obstáculos a que pueda ejercer este derecho o la falta de información al usuario sobre el procedimiento para darse de baja. Las multas oscilarán entre los 3.000 y los 15.000 euros.

La Xunta exigirá además a las empresas que dispongan de un teléfono totalmente gratuito de atención al consumidor que esté disponible 24 horas al día los 365 días al año y no valdrá que sea una máquina la que atienda al cliente. "Deberá ser atención personalizada sin reenvíos a otros sistemas y con un tiempo de espera no superior a un minuto", estipula la normativa.

En el caso de aquellas empresas que ocupen bienes de dominio público, como líneas aéreas o autopistas, la Xunta les obligará a abrir una oficina física de atención al cliente en territorio gallego que permanezca abierta al menos 40 horas semanales.

Por primera vez se vigilará además que se respetan los derechos de aquellos consumidores que compren en ferias. Serán los ayuntamientos los encargados de supervisar que la venta ambulante respeta los derechos de sus compradores. Para proteger la salud y la seguridad del consumidor se creará una Red de Alerta de Productos de Consumo, que permitirá "una rápida reacción" ante cualquier situación de riesgo. Además será obligatorio comunicar todos aquellos accidentes que fueran provocados por productos inseguros.

Los comerciantes o empresas de servicios no podrán incluir a ninguno de sus clientes en listas de morosos sin justificar que efectivamente deben dinero. "La manifestación unilateral de mora se considerará una práctica abusiva", remarca la ley.