Bruselas pone en jaque al sector naval al investigar incentivos fiscales

L. PIÑERO | A CORUÑA La amenaza de Bruselas de investigar el sistema fiscal del que disfrutan los astilleros ha hecho saltar todas las alarmas en Galicia, donde se asientan el 60% de los constructores navales del Estado. El problema provocó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Industria, Javier Guerra, enviasen sendas cartas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Industria, Miguel Sebastián, en las que les insta a parar el procedimiento abierto por la Comisión Europea (CE).

El tax lease que investiga Europa es un instrumento financiero que permite la amortización acelerada, en tres años y medio, de los buques que se construyen en España que permite ahorrar impuestos a los inversores que financian la construcción y al armador, con lo que los costes del buque se reducen un 25%.

La decisión comunitaria se produjo a raíz de la denuncia cursada por Holanda para declarar como ayudas de Estado ilegales los tax lease y los regímenes fiscales de las compañías navieras en función del tonelaje tonnage tax, actualmente en vigor para la construcción de buques destinado al transporte marítimo. El conselleiro de Industria advierte en su carta de que de no arbitrarse una rápida solución, un retraso de la mencionada investigación hasta lograr una solución satisfactoria, "la práctica totalidad de los astilleros se enfrentarían a una cancelación de las operaciones en curso y la inevitable entrada en concurso de acreedores, ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos", señala.

El conselleiro informa a Sebastián que de verificarse la apertura del procedimiento por parte de la CE, provocaría "la supresión inmediata de la actividad industrial del sector, desembocando en los correspondientes expedientes de cierre o suspensión, según los casos", debido a la "inseguridad jurídica en que quedaría el sistema". Y añade que los contratos actualmente en vigor hacen una previsión expresa de esta circunstancia, que conllevaría la cancelación inmediata. Guerra informa al ministro de Industria de que los astilleros españoles construyen actualmente 63 barcos para la exportación con un valor superior a los 3.000 millones de euros, localizados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y en Canarias y Baleares, que emplean a más de 38.000 trabajadores.

En el caso de Galicia, el conselleiro explica que la medida tendría un impacto de 1.100 millones de euros y dejaría sin empleo a más de 15.000 trabajadores altamente cualificados.

"Todo ello ha sido posible, no solo gracias al conocimiento, capacidad, esfuerzo e internacionalización del sector, sino también a las estructuras fiscales", indica Guerra en su escrito. Según el responsable gallego de Industria, la mera iniciación del procedimiento sin tener pactada la resolución del mismo, "supondrá la muerte económica del sector" . La supresión firme de las estructuras fiscales por parte de la CE, alega, "derivaría en la desaparición definitiva de la actividad naval en España".

Fuentes del sector naval en Galicia recuerdan que los incentivos y regímenes fiscales que se aplican en España para la compra de buques destinados a la navegación marítima internacional "son similares a los que utilizan otros países de nuestro entorno", por ejemplo, Francia, que hace unos años debió modificar su sistema por indicación de la Comisión Europea. Añaden que "lo importante" es dejar claro que el tax lease no son ayudas a los astilleros, sino un régimen fiscal para la compra de buques destinados a la navegación marítima internacional.