Sillones de consejo calientes

Las cajas de ahorros se lo toman con calma para reducir, como impone el real decreto de solvencia aprobado por el Gobierno, a un máximo de 15 miembros los consejos de administración de entidades con ayuda. De momento, sólo algunas han empezado a debatir quién saldrá

ALFONSO PAJUELO Los consejos de administración de las cajas de ahorros se ajustan al ritmo que lo hacen sus balances, despacio y al recorte. Por una parte, el Real Decreto de febrero pasado -que establecía con claridad que las entidades que recibieran dinero del FROB deberían limitar sus órganos de gobierno, es decir, el consejo de administración, a un máximo de 15 miembros- y por otra, las normas autonómicas posteriores como las recientes del Gobierno valenciano, los 17 grupos de cajas prosiguen en su camino de adaptación a los nuevos tiempos. Eso sí, reforma de los órganos de gobierno que se llevará por delante, al paro o a otros destinos, a casi un centenar de consejeros, la mayoría políticos.

La semana siguiente a la aprobación del RDL de Reforzamiento del Sistema Financiero, el Banco de España se aplicó en la tarea de presionar a las entidades a ajustar los equipos de gestión a la mayor brevedad posible. Pues bien, con mayor o menor resistencia a las normas, las cajas van haciendo sus deberes, aunque algunas se muestren más díscolas en ese ajuste. Las primeras consecuencias de la citada norma, se están empezando a notar en la mayoría de las entidades, donde hay un poco de todo, desde sabrosas anécdotas protagonizadas por consejeros, alguno convencido del carácter vitalicio de su nombramiento, o el de otro que proponía el relevo generacional, en su caso, por el hijo, poseedor de un llamativo máster internacional.

En el caso concreto de alguna de estas fusiones, como el de Caja España y Caja Duero, a la que se sumó Unicaja, el proceso ha resultado ser todo lo contrario, y antes que reducir consejeros, estos se han ido sumando por entidades. Porque nadie en las cajas parece dispuesto a perder su asiento, pero lo cierto es que en algún caso, el consejo de administración formado por 17 miembros, se ha triplicado llegando a superar el medio centenar hasta convertirlo en una asamblea de administración, con dificultades para encontrar una sala con capacidad suficiente. Eso sí, en las cuatro últimas sesiones del consejo, ningún miembro ha faltado, con la excepción de una ausencia por enfermedad. Los grupos de cajas catalanas y gallegas ultiman estos días los recortes de puestos y la amortización de sillones. Novacaixagalicia cuenta con 22 consejeros, dos menos que Unnim, y Catalunyacaixa está en los 18. La suma de Caja Madrid y Bancaja reúne a 22 consejeros y Banca Cívica está en la veintena.

En términos generales, la mayoría de los grupos de cajas aseguran que "están en ello", en los recortes que dejarán al órgano de gobierno en 15 miembros, como indica la norma. En los últimos días, varios de estos nuevos grupos encuentran dificultades para encontrar candidatos a ocupar un puesto en el nuevo órgano de administración. Y alguna de las compañías de búsqueda de profesionales apuran sus bases de datos y agendas personales para encontrar a los que denominan "profesionales de éxito y trayectoria contrastada", una labor que no es sencilla. En otros casos, se espera a que se produzca la salida al mercado bursátil o a la entrada de un inversor para contar con nueva savia en el consejo.

Sí parece que están muy definidos y seleccionados los representantes del Estado que tomarán el relevo a los consejeros salientes, estos en su mayoría representantes políticos de las corporaciones locales y autonómicas. El FROB y el Banco de España han reunido a un grupo de cuarenta candidatos, seleccionados entre los cuerpos técnicos de la Administración del Estado y profesionales independientes -puesto que un tercio de los consejeros deberán ser independientes-de reconocido prestigio, para integrarse en los consejos de las entidades con capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Otra nueva norma en este sentido, es la publicada la semana pasada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, que obligará a la CAM y a Bancaja a reducir a menos de la mitad el número de consejeros generales que asisten a la Asamblea General, o junta anual, así como a reducir también a la mitad los vocales consejeros del consejo de administración, de la comisión de control y suprimir, definitivamente, los órganos restantes complementarios del gobierno de la sociedad, caso de la comisión de retribuciones, Obra Social, auditoría e inversiones.

El decreto del Consell es el primero en limitar los órganos de gobierno de las cajas que forman parte de un SIP, y primero también que hace mención específica al cargo de presidente ejecutivo, del que señala claramente que "es incompatible con cualquier actividad retribuida, tanto de carácter público como privado". A esto se llama poner orden, al menos, sobre el papel.