El Gobierno establece un mecanismo con rango de ley para desbloquear convenios

M. M. / A. B. G. | A CORUÑA El borrador del Gobierno para la reforma de la negociación colectiva se aleja claramente de las aspiraciones de la patronal. De hecho, su presidente, Juan Rosell, calificó el texto de "decepcionante", porque se distancia "bastante" de las posiciones mínimas de la patronal y de los puntos en los que se había llegado a acuerdos con los sindicatos. El Ejecutivo tiene previsto aprobar el decreto ley para reformar los convenios en el Consejo de Ministros del próximo viernes, y asegura que el texto es "un acta notarial muy fiel" del acuerdo "no escrito" que hubo en la mesa de negociación entre los agentes sociales. Las únicas novedades, y escasas, se refieren a la prevalencia de los convenios de empresa sobre los provinciales, a que se mantiene la ultraactividad (prórroga de la vigencia del convenio en caso de desacuerdo), aunque se impulsa la mediación y el arbitraje -cuyas resoluciones tendrán rango de ley- para reducir la judicialización de conflictos, y se limita la distribución irregular de la jornada al 5% del cómputo anual.

Los expertos consultados por este periódico ven un paralelismo entre esta reforma y la laboral, dado que no aborda las cuestiones realmente importantes que supondrían un cambio real en el mercado laboral. "Si no se reforma por completo la negociación colectiva -que es la misma, salvo matices, de hace 40 años-, los problemas del mercado laboral no se van a solucionar, por muchas reformas que se hagan en otros ámbitos", explica Federico Durán, responsable del departamento laboral del despacho de abogados Garrigues. En su opinión, los cambios que se incluirán son "insuficientes", porque mantener la rigidez del sistema no es bueno para el trabajador. "A los empleados no se les protege con un sistema que genera 5 millones de parados, pero muchos se empeñan en hacer la tortilla sin romper los huevos", puntualizó.

Otra de las críticas al documento es que las pequeñas y medianas empresas sin representación sindical seguirán sometidas a normas rígidas establecidas en convenios sectoriales generales, que no atienden a las especificidades individuales de cada empresa y su mercado. José Antonio Neira Cortés, director de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), defiende que la negociación "debe contar siempre con la visión de la empresa", pero reconoce que también se deben tener en cuenta los diferentes sistemas productivos. "En Galicia hay muchas micropymes y es muy difícil que esos trabajadores negocien personalmente con la empresa", señala Neira, quien cree que deben existir convenios sectoriales provinciales y autonómicos. Destaca también la necesidad de "ampliar las posibilidades de descuelgue salarial" para estas empresas.

El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Joaquín Lorences comparte su misma opinión. "El 80% de los trabajadores del mercado laboral español pertenecen a pymes y micropymes, que se seguirán rigiendo por un convenio de reglas generales y homogeneizadas que no las tendrán en cuenta". Lo prioritario sería "arbitrar cláusulas de descuelgue realistas para estas empresas que les den la flexibilidad de adaptarse a las distintas situaciones, igual que las grandes".

Los cambios más significativos en el documento que redactó el Gobierno se detallan a continuación:

. Convenios de empresa. Tendrán "prioridad aplicativa respecto del sectorial de cualquier ámbito", que mantendrá su jerarquía. Se trata así de estimular a empresarios y sindicatos a pactar. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, critica que la apuesta por el convenio de empresa "lleva a la individualización de las relaciones laborales y al debilitamiento de la negociación colectiva".

. Mediación. En el afán de buscar esa negociación y acuerdo, en el documento se especifica como condición mínima que se nombre una comisión paritaria cuyo cometido será la de solventar las discrepancias que puedan surgir y aquellos casos relativos a modificaciones en las condiciones de trabajo o salariales si se diera el caso. Si en este paso no hubiera acuerdo, las partes deberán recurrir a un mediador, cuya resolución no sería vinculante. De mantenerse el desacuerdo, irían a un arbitraje, cuya resolución será de obligado cumplimiento porque tendrá rango de ley.

. Ultraactividad. Se mantiene, como exigían los sindicatos, pero se fija un plazo máximo de 20 meses, a partir de la comunicación de la caducidad del convenio vigente, para negociar uno nuevo. Si en ese tiempo no hubiera acuerdo se recurrirá a la mediación y al arbitraje. En todo caso, el borrador establece: "En defecto de pacto y superado el proceso máximo de negociación (...), se mantendrá la vigencia del convenio colectivo". Para Federico Durán, la ultraactividad es uno de los "principales problemas del mercado laboral" en la actualidad, y cita como ejemplo el caso de los controladores aéreos.

. Flexibilidad. En este punto se centran las principales críticas de la CEOE después de que ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, le presentase el documento. En él se fija un máximo del 5% la jornada de trabajo que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año, aunque también establece que esta cantidad se pueda aumentar en el convenio que se pacte en cada empresa. La patronal reclama que esa tasa mínima se amplíe hasta el 15%. Si en la aplicación de esta flexibilidad interna hubiese discrepancias entre las partes, la comisión paritaria deberá decidir en un plazo máximo de siete días. Si se mantuvieran los desacuerdos, se acudiría a la mediación y finalmente, al arbitraje.

La patronal no comparte "ni la música ni la letra" del borrador y considera que hay que cambiar el sistema de contratación "de arriba a abajo" y espera poder hacerlo "vía enmienda". El ministro de Trabajo afirmó ayer que la CEOE "tendrá al Gobierno abierto para cualquier fórmula de mejora de la flexibilidad que sea fruto del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales". De momento, el Ejecutivo busca apoyos parlamentarios para sacar adelante su documento y ve "receptivos" a los partidos tras la ronda de contactos que el Ministerio de Trabajo inición ayer.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila ya avanzó que apoyará la norma si ofrece más facilidades a los convenios de ámbito autonómico y si se garantizan los derechos de los trabajadores.

UGT y CCOO entregarán el próximo día 16 en el Congreso de los Diputados casi un millón de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ambos sindicatos para promover una modificación de la reforma laboral que desencadenó la huelga general del pasado 29 de septiembre. Los sindicatos destacaron ayer que las firmas recogidas en toda España duplican a las legalmente necesarias (500.000) para poder presentar esta ILP.

Con esta iniciativa abren una vía para que el Parlamento revise los contenidos de la reforma laboral de 2010 que, "lejos de contribuir a crear trabajo", incrementó el paro y y convirtió el empleo "en un bien cada vez más escaso", según CCOO y UGT.

Los sindicatos también explicaron la jornada de acción convocada para el día 22 en todas las capitales españolas en contra de los políticas de ajustes y recortes presupuestarios, y para exigir a la Unión Europea una salida "justa, equitativa y equilibrada" a la crisis que no suponga "mayores ataques" a los trabajadores. Las movilizaciones en España se sucederán en consonancia con la manifestación convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para el día 21 en Luxemburgo, y adoptarán diferentes fórmulas: concentraciones, manifestaciones y asambleas de delegados sindicales.