Aunque la crisis ha hecho funcionar las tijeras y Administraciones autonómicas, como ocurre en el caso de la gallega, en aras de la austeridad, hayan predicado que no se convocarán ofertas públicas de empleo hasta por lo menos 2013 con excepciones "imprescindibles" en los ámbitos de sanidad y educación, los datos, tanto los del Instituto Galego de Estatística como los informes elaborados por la Fundación de Cajas de Ahorro, confirman que el sector público es, a día de hoy, el que mantiene a un mayor número de gallegos, por encima de la industria y del comercio.

En concreto, según los datos recogidos por el IGE a través de la Encuesta de Poboación Activa, durante el último cuatrimestre del año pasado trabajaban para alguna Administración -sea estatal, autonómica, provincial o local- 198.900 personas en la comunidad. Las cifras aportadas por el propio Gobierno gallego, señalan que la plantilla de la Xunta incluía, a finales de 2010, casi 89.000 funcionarios -veinte mil más que en 2000-, de los que 70.000 pertenecen a la docencia universitaria y al ámbito de la sanidad. Esas cifras se sitúan a años luz de los aproximadamente siete mil efectivos con los que contaba el Ejecutivo autonómico en 1983. En total, las plantillas de las diferentes Administraciones en Galicia se incrementaron en 49.000 efectivos en una década.

Que el número de empleados públicos de la comunidad roce los doscientos mil -más de la mitad, 110.300 personas, en concreto, son mujeres- implica que prácticamente una de cada cinco personas ocupada lo está en algún puesto de la Administración, una tendencia en la que Galicia no resulta excepcional, ya que los datos aportados por Funcas confirman que en España suponen la primera fuerza laboral.

Los sectores que tradicionalmente pesaban en la distribución de la fuerza laboral han pasado a segundo plano. Por una parte, la industria, que contaba a finales del año pasado con 167.400 empleados engrosando sus filas -hace diez años eran veinte mil más-, se ha visto aquejada más que otros sectores por la crisis -en solo dos años, de 2008 a 2010, se perdieron 42.000 puestos de trabajo-. En este momento mantiene a 31.500 trabajadores menos que el sector público.

Resulta comprensible que una parte de la población aspire a un puesto como funcionario cuando los datos, también en el ámbito estatal, sugieren que es de las pocas máquinas -turismo aparte, como confirman los últimos datos del paro- que tiran del empleo en el Estado. Por eso mismo tampoco es extraño que el número de empleados públicos que recopila el IGE supere también al de los comerciantes -tanto a los autónomos como a los asalariados- al por mayor y al por menor, que serían 154.700, lo que supone 40.000 menos.

Si al comercio unimos los trabajadores que se ganan la vida en el ámbito de la hostelería (el turismo supuso en 2010 un 10,4% del PIB gallego), que son 70.400 según los datos del último cuatrimestre del año pasado, sí que se superaría el número de empleados públicos, pero en cambio no ocurriría lo mismo si en el comercio solo se tuviera en cuenta a los pequeños propietarios y empleados integrados en la Federación Galega de Comercio.

Por supuesto, la integración de Galicia en la Unión Europea y la reconversión del sector primario, hace imposible que éste pueda competir en generación de empleo con el sector público. En Galicia solo quedan, al menos según los datos del IGE, 68.500 personas que viven de la ganadería y de la agricultura, unas cifras optimistas comparadas con las de la pesca y la acuicultura, donde el número de empleados se limita a unos escuetos 18.600, un dato que superan incluso los trabajadores vinculados a la venta y reparación de vehículos (24.900), los dedicados a actividades financieras y seguros (22.500) y, por supuesto, los que viven del transporte (más de cincuenta mil) o de actividades inmobiliarias que, a pesar de la crisis que ha salpicado al sector, todavía da empleo en la comunidad a 44.700 personas.

Según el IGE, de los 198.900 empleados de concellos, diputaciones, Xunta o Administración estatal en la comunidad, solo 2.100 ocupan cargos de directores o gerentes, mientras que el grueso de la fuerza laboral está constituida por lo que el IGE define como "técnicos y profesionales científicos e intelectuales" -un total de 83.900-. De tipo administrativo, estrictamente, habría 21.900 trabajadores públicos.