Los becarios cotizarán por todas sus prácticas hasta un máximo de dos años

AGENCIAS | MADRID La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados concluyó ayer la primera reunión de la ponencia para el proyecto de ley de modernización del sistema de la Seguridad Social -la reforma de las pensiones- en la que PSOE y CiU han pactado la introducción de varias enmiendas en el texto definitivo. Entre ellas destaca la propuesta de los nacionalistas catalanes por la que se suprime el límite que establece la ley y por el que los becarios solo computaban como cotizadas las prácticas realizadas en los cuatro años anteriores a la entrada en vigor de la normativa. Ahora las prácticas cotizarán, hasta un máximo de dos años, independientemente del momento en que fuesen realizadas.

Las enmiendas acordadas ayer han sido ratificadas por los portavoces de los distintos grupos, por lo que ya no tendrán que debatirse en la Comisión del próximo lunes. Serán introducidas directamente en el texto definitivo.

Las enmiendas incorporadas por CiU destacan la necesidad de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones de cuotas sociales a determinados colectivos de autónomos con especiales dificultades, con el objetivo de que puedan mantener su actividad. La formación nacionalista también incluye en el texto de la reforma de las pensiones su propuesta de que las personas con discapacidad superior al 45% puedan adelantar la edad mínima de jubilación a los 56 años, frente a los 58 que rigen en la actualidad.

Mientras, el PSOE logró introducir la totalidad de sus enmiendas, incluida la que obliga a las empresas con más de 500 trabajadores y que hayan obtenido beneficios a compensar al Estado por el coste de las prejubilaciones cuando presenten Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La aplicación de esta medida tendrá carácter retroactivo al 27 de abril y se introduce en la reforma de las pensiones porque el Gobierno entiende que es "prioritaria" esta modificación legal.

De esta forma el Ejecutivo se asegura de que la modificación de la ley afecte al ERE presentado por Telefónica, pese a que la empresa presidida por César Alierta se comprometió a asumir los costes del proceso. La compañía pretende despedir a 6.500 empleados de su plantilla en España en los próximos cinco años.

En concreto, las empresas con más de 500 trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años y acometan un ERE en los tres siguientes que afecte al menos a un centenar de empleados, entre los que haya mayores de 50 años, deberán efectuar una aportación al Tesoro Público para compensar su impacto en el sistema de protección por desempleo.

Las enmiendas socialistas incorporadas al proyecto excluyen de los efectos de la reforma de las pensiones a todos los prejubilados en el marco de convenios colectivos de empresas de cualquier ámbito aprobados o suscritos "con anterioridad al 25 de marzo de 2011" y con independencia de que el acceso efectivo a la jubilación sea anterior. A estas personas se extenderá lo que el proyecto ya incluye para los trabajadores "con relación laboral suspendida o extinguida" como consecuencia de decisiones adoptadas en ERE, con independencia de que el fin de la relación laboral se haga efectivo con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.