Desde ayer, el Gobierno ya puede aplicar sanciones administrativas más severas a las empresas que empleen a trabajadores de forma irregular, con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, cuantía superior en cinco veces a las anteriores.
El pasado 29 de abril el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que fijaba un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, defiende que el plan persigue recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados sumergidos. Trabajo facilitará a partir de septiembre los primeros resultados del plan contra el empleo ilegal.
