El medio ruinoso apartamento que Warren Buffett alquiló justo después de la boda con su primera mujer a principios de los años 50 costaba 65 dólares. Hijo de un corredor de Bolsa, repartidor de periódicos en su juventud, el inversor norteamericano, cúspide de la lista de Forbes con las grandes fortunas mundiales en 2008 -hoy le aventajan el mexicano Carlos Slim y su amigo Bill Gates-, sabía ya entonces el valor que tiene el dinero. "Mientras las clases pobres y medias luchan por nosotros en Afganistán, y la mayoría de los estadounidenses luchan por ganarse la vida, nosotros, los megarricos, continuamos teniendo extraordinarias exenciones fiscales", reflexionaba hace un par de semanas en el diario The New York Times con una tribuna titulada con rotundidad y exigencia. "Dejen de mimar a los súper ricos". Esta misma semana seguían sus pasos 16 líderes empresariales galos, con la propietaria de L'Oreal o los presidentes de Total, Société Générale y PSA Peugeot Citroën a la cabeza. "Deseamos -apelan en una carta en la publicación Nouvel Observateur- que se instaure una contribución excepcional que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos". Dos ofertas inéditas en el medio de una gravísima crisis global que abre el debate otra vez del equilibrio en los sistemas fiscales. ¿Cuántos ricos hay en España? Pues alrededor de un millón, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, los que hasta hace un par de ejercicios tenían que presentar el Impuesto del Patrimonio. Hasta 54.000 están asentados en Galicia y su bolsillo suma 37.500 millones.

A una media, por lo tanto, de 695.000 euros por cabeza. El volumen de propiedades que se concentra en esta diminuta parte de la población equivale nada más y nada menos que al 65% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad y triplica de largo el presupuesto que tiene la Xunta en 2011. ¿Más comparaciones? Un 5% del patrimonio total de los principales acaudalados en el conjunto del país.

A la vicepresidenta económica le tocó posicionarse después de que el Ejecutivo de Sarkozy recogiera el guante de los gurús económicos con un nuevo gravamen que se llevará el 3% de los que ingresen más de 500.000 euros anuales. "Para un impuesto nuevo sobre grandes fortunas no hay tiempo. Para aumentar la presión sobre las grandes fortunas, permítame que esperemos al viernes", aseguraba Elena Salgado, en referencia a la cita del Consejo de Ministros. Una insinuación, la de que habría novedades y que posiblemente pasaran por la recuperación del Impuesto del Patrimonio, que finalmente no se materializó. En el PP, ayer, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, animaba a los ricos españoles a "un gesto similar" al de sus vecinos galos.

Al margen de los detalles concretos, una tasa como la que implantará Francia recaería en Galicia en, al menos, 274 contribuyentes. Los que, según Hacienda, perciben más de 600.000 euros por ejercicio. Sin contar con los que están entre esa cantidad y el medio millón de euros -los informes de la Agencia Tributaria los engloban en una horquilla que va desde los 150.000 euros-, y en base a los rendimientos de 2009 declarados el pasado año, unos 97 millones, la recaudación superaría los tres millones.

¿Y qué efectos tendría la incorporación de nuevo al sistema del Impuesto del Patrimonio? Los ingresos en 2008, el último en vigor, ascendieron a 81,4 millones. Una cifra que recoge tanto el archivo de la Agencia Tributaria como la ejecución presupuestaria de la Xunta ese año. Porque el gravamen estaba cedido a la comunidades en su integridad, a diferencia del IRPF o el IVA, de los que tienen en sus manos un 50%. Ambos impuestos son los que suponen una mayor fuente de ingresos para la Xunta. El del Patrimonio era el octavo en aportación, por detrás del que se aplica a la venta de hidrocarburos, el conocido céntimo sanitario. La tasa que recaía sobre los ricos de la comunidad aportaba únicamente el 1,9% de toda la bandeja fiscal gallega, con el agravante de que casi 15 de los millones que tenía reconocidos Facenda estaban pendientes aún de cobrar por el enfrentamiento con varios grandes contribuyentes en los tribunales tras una inspección.