La marca Castelo sigue viva gracias a sus trabajadores. Más de 160 empleados del extinto grupo de prefabricados de hormigón han cerrado la compra de las plantas de Coirós ( A Coruña), O Porriño (Pontevedra) y Ocaña (Toledo) y han constituido una empresa, Castelo Soluciones Estructurales, para mantener la actividad de esta emblemática firma, a la que muchos llevan vinculados más de veinte años. La nueva sociedad empezó a operar a principios de agosto y en apenas un mes ha logrado ventas por valor de 3 millones de euros, el triple de lo previsto en su plan de viabilidad.

Los problemas del grupo Castelo saltaron a la luz en julio del año pasado, cuando las deudas contraídas con las entidades financieras comenzaron a afectar a los salarios de la plantilla. El consorcio empresarial, propiedad de la familia Pérez Leirós, se había visto gravemente perjudicado por la crisis de la construcción, y pocos meses después, en diciembre, solicitó el concurso voluntario de acreedores. A partir de entonces, los trabajadores, con apoyo de UGT, diseñaron un plan de viabilidad para la firma que consistía en la constitución de una sociedad anónima laboral (SAL) que pudiese rescatar del concurso los centros de trabajo más productivos y así mantener la actividad y el empleo.

"No fue nada fácil, nadie apostaba por nosotros, pero la SAL era la única solución; era eso o irnos para casa", recuerda José García Loureiro, exsecretario del comité de empresa. Parte de la dificultad del proceso se debía a la complejidad del concurso de acreedores, que afectaba a seis centros de producción y a varias filiales del grupo de estructuras de hormigón. Castelo arrastraba al mismo tiempo una importante deuda financiera con once bancos y cajas a través de un préstamo sindicado.

Las negociaciones fueron intensas durante los primeros meses en todos los frentes: acreedores, clientes, Xunta y bancos. "Los primeros meses fueron de supervivencia, pero a partir de enero vimos que la opción de que los trabajadores nos hiciésemos propietarios de los centros de producción podría tener cabida en el mercado", afirma Jaime Lorenzo, actual director de Castelo. La fórmula, en mayor o menor medida, convencía también a los administradores concursales y a los bancos, que veían que era la única manera de recuperar su inversión en la empresa.

Los trabajadores se pusieron entonces en contacto con las administraciones públicas para pedir ayuda, sobre todo a la Consellería de Economía e Industria. En las primeras fases del proceso tuvieron que manifestarse frente a los centros de trabajo y por las calles para presionar a los distintos agentes públicos para que tomasen cartas en el asunto. "Para la gravedad de la situación, tampoco se montó tanto jaleo", admiten desde la compañía.

Superados los escollos iniciales y con la promesa de que la Consellería de Economía aportaría liquidez a la nueva empresa cuando echase a andar, los trabajadores crearon la SAL, con el nombre Castelo Soluciones Estructurales. Cada empleado se comprometió a aportar el 10% de su salario durante tres años para capitalizar la sociedad, con unos 2 millones de euros en total, que servirían para empezar a trabajar (pagar las materias primas, etc.).

El siguiente paso fue llegar a un acuerdo con la banca sobre los centros de producción. La plantilla concluyó que los que más posibilidades tenían en el mercado eran los de Coirós, que fabrica elementos de hormigón de mayor envergadura y cuenta con unas instalaciones más modernas; O Porriño, que produce prefabricados arquitectónicos con un alto nivel de especialización (y donde también están las oficinas centrales), y Ocaña, especializado en obra civil y que produce vigas de hasta 200 toneladas de peso. Las dos primeras plantas abastecen al mercado Noroeste del país, y Ocaña, a toda la zona centro y el Levante.

El valor de las plantas quedó tasado en unos 38 millones de euros, que los trabajadores asumieron subrogándose en parte de la deuda, con una hipoteca a treinta años. Castelo Soluciones Estructurales arrancó así su nueva etapa el pasado 1 de agosto. "Salimos pelados. Aquí cada trabajador se ha pagado su puesto, literalmente", reconoce Lorenzo. De los 163 socios de la SAL, ya están dados de alta 130, y la previsión es que el resto se vaya incorporando a lo largo de 2012, conforme la empresa vaya incrementando su carga de trabajo.

Futuro

Hasta el momento, la labor comercial ya está dando sus frutos. Según explica la dirección, solo en el mes de agosto han cerrado obras por valor de tres millones de euros, el triple de lo fijado en el plan de viabilidad. Pese a todo, los socios se mantienen cautos respecto al futuro, dada la crisis que todavía vive el sector de la construcción y la competitividad del mercado.

"Hemos arrancado bien y tenemos trabajo, que ya es mucho. Aún hay gente que nos identifica con la vieja sociedad y la lentitud de las instituciones tampoco nos ayuda porque a veces por un papel no puedes entrar en una obra. Pero las sensaciones, en general, son buenas", confiesa Manuel Blanco, director de operaciones de la fábrica coruñesa.

A día de hoy, las plantas de Coirós y Ocaña están trabajando al 100% de actividad (cada una con una treintena de empleados), mientras que en O Porriño se ha acordado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal de tres meses rotatorio, a la espera de que aumente la carga de trabajo.

Los socios agradecen sobre todo la fidelidad de los clientes durante todo el proceso, sin los cuales no habría sido posible la nueva Castelo. "Ha sido fundamental, han estado ahí pese a todos los altibajos", destaca Lorenzo. En su cartera de clientes destacan empresas como Goa Invest, la contratista de obras del gigante textil Inditex; Cruz Roja, Dragados o Sacyr-Vallehermoso.

UGT, el sindicato que ha ayudado a los trabajadores a iniciar esta nueva fase y a constituir la sociedad anónima laboral, asegura que Castelo debería servir como "ejemplo" a otras empresas que se encuentran en la misma situación. "El logro es único y exclusivo de los trabajadores de Castelo, que con su empeño han conseguido salvar sus puestos de empleo", concluye Diego Atanes, representante de MCA-UGT.