La futura ley reguladora de la política industrial de Galicia inició ayer su tramitación parlamentaria con los únicos votos del PP y encendidas críticas de la oposición por entender que la norma no servirá en absoluto para promover la actividad industrial ni atraer empresas a la comunidad y sí para que el conselleiro con competencias en la materia puede autorizar la instalación de una industria en cualquier zona de Galicia, incluso en las áreas protegidas, dejando sin eficacia los respectivos planes urbanísticos municipales y de desarrollo del territorio. PSOE y BNG le recordaron al conselleiro de Economía, Javier Guerra, la caída del empleo y la producción industrial de Galicia hasta la última posición de España y los socialistas reclamaron su cese como único remedio para realizar un cambio de rumbo y recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, el conselleiro defendió las bondades de la futura ley para hacer de Galicia una comunidad más atractiva para las inversiones y la instalación de tejido productivo. "Esta nueva norma permitirá hacer de Galicia una tierra amable para invertir", dijo en su intervención en el Parlamento.

"Lo mejor que se puede decir de la gestión del conselleiro es su inoperancia que provoca el desastre industrial de Galicia", le recriminó el diputado del PSOE José Luis Méndez Romeu. Para este parlamentario, sería necesario remontarse al "tardofranquismo" para encontrar propuestas semejantes como las que plantea la futura ley, entre las que figura que la Xunta autorice un polígono industrial, alegando su carácter estratégico, en cualquier parte de Galicia.

En este sentido, Méndez Romeu reprochó que después de tantos meses pidiendo la Xunta consenso sobre un nuevo modelo territorial se elabora una ley que hace "tabla rasa" con todo el planeamiento urbanístico. "Va a ser el conselleiro el que resuelva las licencias, algo sorprendente y temerario y una arriesgada innovación", ironizó. Para el diputado socialista, el resto del texto legal resulta "irrelevante", que junto con una caída a los niveles más bajos del Estado del Índice de Producción Industrial, del 12% al 7,5% en el último año, le llevó a pedir la dimisión de Javier Guerra. "Sólo el ceso del conselleiro y un cambio de rumbo podrían recuperar el tiempo perdido. Si todo está en este texto, el presidente debería revisar el perfil de los conselleiros", le espetó Méndez Romeu.

"No queda un metro cuadrado en Galicia donde no se pueda construir", advirtió el diputado nacionalista Fernando Blanco Parga, quien señaló como puntos donde se puede instalar una industria la playa de As Catedrais, O Courel o la propia plaza del Obradoiro. "Y esto lo hace cuando hay parques vacíos en Galicia", censuró. "Americanos, os recibimos con alegría", entonó Blanco Parga, irónicamente, para ilustrar la que es a su juicio, la actitud del Gobierno gallego, que no es otra que ofrecer la tierra de Galicia "sin nada a cambio".

El diputado nacionalista aseguró que es tal la "permisividad" de la futura ley a la hora de autorizar emplazamientos industriales que "quedan vacías las competencias de los concellos en materia de urbanismo.

Tanto BNG como PSOE reprocharon la gestión del conselleiro, sobre todo por su decisión de anular el concurso eólico del bipartito y aprobar un nuevo, del cual "no hay nada a día de hoy ni una sola persona beneficiada" por los nuevos parques eólicos.

Iniciativa pionera

Sin embargo, el conselleiro de Economía e Industria sacó pecho del texto legislativo como pionero en el Estado en adaptarse a las normativas europeas estableciendo la declaración responsable como trámite para implantar una industria y asegurando que esta normativa permitirá hacer de Galicia "una tierra amable para invertir", pues cuando lo considere la Xunta -si el proyecto tiene una inversión de más de 50 millones y genera 250 nuevos empleos-, se agilizará su puesta en marcha y tendrá prevalencia sobre cualquier otra actividad de utilidad pública.

Entre otras virtudes que reivindicó Guerra, se encuentra la potenciación de los clústeres y la idea de fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas exportadoras, junto con la creación del Consello Galego da Industria, en el que colaborarán los agentes públicos y privados.

Además, hizo hincapié en que la ley tiene tres objetivos marco, que son la innovación, la internacionalización y la mejora de la competitividad, y que si había que definir en "tres palabras" la futura ley, éstas serían "realismo, eficacia y austeridad". "Esta ley es ejecutable, sostenible, eficaz y estable en un ámbito temporal", destacó, al tiempo que justificó que todos los planes estratégicos tengan que tener la aprobación de la Xunta.