Crece el descontento entre la clase financiera, no solo por los efectos visibles de un examen aprobado en falso el pasado mes de julio, en el que apenas ocho entidades bancarias de la Unión Europea obtuvieron una nota deficiente. El descontento nace del mismo ridículo de una situación de crisis en la cual los balances bancarios que figuran cargados de deuda soberana de países en apuros (Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Italia y España) muestran su resistencia a unos escenarios difíciles en extremo.

Así que, una vez perpetrada la colaboración de todos los bancos centrales y demás instituciones públicas en esa suerte de reality stress bancario, el ridículo se hace también colectivo, como la desconfianza de ciudadanos y empresas, que cotiza al alza tras conocer los últimos fiascos (Deutsche Bank, Société Générale y ahora Dexia). En este capítulo del ridículo colectivo y de la desconfianza, deben incluirse las entidades españolas que aprobaron los estrés y que posteriormente necesitaron ayuda pública, precisamente, de capital.

Ante esta situación, es más que posible que esas mismas instituciones públicas que han llegado, incluso, a presumir y hacer alarde de fortaleza de "nuestras instituciones financieras", propongan una repetición de las pruebas, esta vez con todas las de ley, en serio, es decir, reflejando claramente la partida de bonos de los estados a valor de mercado -a valor nominal no refleja la realidad- en los balances de los examinados, de los opositores. Posiblemente, no sería esta la prueba definitiva que aseguraría el nivel de solvencia para hacer frente a una situación determinada, pero al menos se acercaría más a la realidad, lugar del que se logró huir en la convocatoria del pasado mes de julio.

Claro que si los supervisores locales, el Banco Central Europeo y la EBA se ponen pesados, insisten en cambiar los requisitos de los aspirantes a superar las pruebas de estrés bancario, es probable que ya no sean 90 los opositores que se presenten a la próxima convocatoria, si no medio centenar, los que sientan la seguridad de que pueden obtener buena nota, o al menos, el aprobado. Sin embargo, una nueva convocatoria conlleva numerosos riesgos que en las actuales circunstancias no extrañaría que desearan ser evitados, y no porque el concurso a Lehman europeo -no faltan candidatos- se encuentre abierto.

De nuevo urge, a juicio de la mayoría, instituciones públicas y poderes políticos, una nueva fase de capitalización, que sería de recapitalización al no ser la primera ocasión en que las entidades financieras refuerzan su solvencia con mayor volumen de recursos. Segunda ronda de capitalización cuyo montante ofrece cifras para todos los gustos, pero en todo caso, muy lejos de aquellos poco menos que 2.500 millones de euros que sentenciaban las pruebas de estrés del pasado mes de julio. Cifras que ahora, tras conocer algunas de las posiciones de riesgo en países periféricos de varios de los 90 bancos sometidos a las pruebas, queda demostrado que el agujero, o déficit si se prefiere, de media docena de bancos europeos no sería inferior a los 35.000 millones de euros. Y ojalá se quedase el agujero en esos dígitos, aunque se teme que más bien habría que buscarle a esa cifra un múltiplo. Los más escépticos no dudan en dar por buenos los 200.000 millones apuntados por la Fondo Monetario Internacional.

El cualquier caso, que se hayan conocido las dificultades de algunos de los bancos alemanes y franceses de primera línea, precisamente por sus riesgos en países periféricos -España entre ellos-, debe ser visto, antes que como un factor negativo, como un elemento a favor, como un rayo de luz, como el principio de la reacción de alemanes, franceses y, ahora, con un italiano al frente del BCE, para alcanzar un consenso europeo para desatascar el círculo vicioso creado entre la deuda soberana, el sistema financiero y los Gobiernos implicados. Y en esa situación es posible que no fuera necesario pasar por el ridículo de una nueva convocatoria de estrés, al menos, no bajo las mismas premisas.