La Comisión Europea ha propuesto este jueves una norma que obligará a todos los Estados miembros a que castiguen con sanciones penales, incluidas penas de cárcel, a los banqueros que incurran en comportamientos delictivos graves, en concreto, el abuso de información privilegiada y la manipulación de mercado.
La directiva tendrá un impacto limitado puesto que la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, ya prevén en sus respectivas legislaciones nacionales sanciones penales para este tipo de comportamientos, según han explicado fuentes comunitarias.
Bulgaria es el único país de la UE que no castiga ni el abuso de información privilegiada ni la manipulación de mercado, mientras que Austria, Eslovaquia, República Checa, Estonia y Finlandia no han tipificado penalmente alguno de los dos delitos.
No obstante, el Ejecutivo comunitario pretende que todos los países fijen una definición común. Los Estados miembros también tienen que sancionar penalmente a quienes ayuden, instiguen o aconsejen el abuso del mercado, así como las tentativas de perpetrar dichas infracciones.
La propuesta de Bruselas exige que todos los países castiguen estos comportamientos, pero no fija ninguna pena mínima armonizada. Sólo pide que las sanciones sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias".
Las operaciones con información privilegiada se producen cuando una persona que posee información privilegiada que puede influir en los precios realiza operaciones con instrumentos financieros relacionados. La manipulación del mercado se produce cuando una persona manipula artificialmente los precios de los instrumentos financieros mediante prácticas como la difusión de información falsa o de rumores y la realización de operaciones con instrumentos relacionados. Ambas prácticas se consideran abuso del mercado.
PAC
Los ministros de Agricultura de la Unión comienzan hoy la difícil negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se aplicará a partir de 2014.
Aunque las reacciones desde otras delegaciones europeas han sido "más moderadas", "nadie ha aplaudido la propuesta", según informaron fuentes europeas.
Entre los principales escollos de la reforma figura la idea de cambiar el método de reparto de las ayudas o la de poner un "techo" a las subvenciones que reciben las grandes explotaciones.
El nuevo modelo de distribución de ayudas pretende eliminar los derechos históricos, que se utilizan en la actualidad para el reparto en países como España -sobre la base de la producción media entre 2000 y 2002- y pasar a un sistema de "pago único" por hectárea.
El cambio afectará sobre todo a España, Italia, Irlanda, Finlandia y otros países que se rigen casi exclusivamente por ese sistema, ya que en Alemania, Reino Unido y otros Estados se aplica un modelo mixto que incluye los pagos por hectárea, según las fuentes.
España considera "un disparate" la idea de la "tarifa plana" de ayudas, que no tiene en cuenta "la agricultura mediterránea diversa", según declaró hace unos días la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
