Administración desleal y falsedad documental. Esos son los dos delitos en los que pudieron incurrir los miembros de los consejos de administración de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia si se demuestra que mejoraron las prejubilaciones de sus directivos antes de que abandonasen sus cargos y que las valoraciones que realizaron de sus activos eran falsas.
El abogado Pablo Arangüena, líder de Izquierda XXI, el grupo crítico con el sector conservador de los socialistas coruñeses, presentó una denuncia el lunes en la unidad que ejerce las funciones de guardia en la que exige a la Justicia que investigue a los consejos de administración de las tres entidades, según desvelaron a este diario fuentes judiciales. El letrado sostiene en el documento que, tras analizar las informaciones publicadas en los medios de comunicación, apreció indicios de que la cúpula de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia pudo cometer un delito de administración desleal y otro de falsedad documental.
Los consejeros, que cobran una dieta de 700 euros brutos por cada reunión, pudieron incurrir en el primer delito -administración desleal- si antes de la fusión de las cajas aumentaron las indemnizaciones de los altos cargos que abandonaron sus puestos. Novacaixagalicia desembolsó más de cuarenta millones de euros para pagar los finiquitos de una decena de directivos de la entidad. José Luis Pego, exdirector general de la caja; Óscar Rodríguez Estrada, exdirector general adjunto de la oficina de integración; y Gregorio Gorriarán, exresponsable del grupo inmobiliario, recibieron veinte millones de euros; y el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, cobró 11,2 millones netos.
Arangüena demanda que un juez abra una investigación para determinar si los directivos, además de un presunto delito de administración desleal, cometieron un delito de falsedad documental. "No es comprensible que el valor atribuido por el Banco de España a Novacaixagalicia sea de un 12% del que figuraba en los libros contables de la entidad. Las diferencias en las valoraciones de las empresas son habituales, pero no en esa proporción, que es ínfima. Hay indicios de que las valoraciones de sus activos no eran correctas", indica Pablo Arangüena, con el que contactó este diario tras ser informado sobre la denuncia que presentó el lunes en el juzgado de guardia.
El abogado insta al magistrado al que deriven el documento que investigue los contratos de los directivos y las actas de los consejos de administración en los que se decidió mejorar las condiciones de los directivos que se prejubilaron. El letrado, además, solicita al Juzgado que pregunte al Banco de España "la causa" de la diferencia entre su valoración y la que figura en los libros contables de la entidad.
La unidad que ejerce las funciones de guardia remitirá en los próximos días la denuncia a un juzgado de instrucción. El magistrado titular del órgano examinará el documento presentado por Arangüena y, si aprecia indicios de que los miembros de los consejos de administración incurrieron en algún delito, abrirá una investigación. En caso contrario, declinará instruirlo.
El delito de administración desleal, según establece el Código Penal, está castigado con penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de cárcel o el pago de una multa equivalente al beneficio obtenido. El delito de falsedad documental está penado con entre seis meses y tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
