JULIO PÉREZ | A CORUÑA El modelo energético que quiere implantar el Gobierno es uno de los temas prioritarios en la agenda de Moncloa, sobre todo porque el elevado coste del sistema es otro motivo de preocupación para la asfixia de las cuentas públicas en estos momentos. El ministro de Industria lo insinuó hace unos días, pero ayer, abiertamente, abría la puerta a un freno en la apuesta por las renovables. Son las energías que más cuestan al Estado porque reciben una prima a su producción, además del correspondiente cobro en el mercado, donde tienen prioridad sobre el resto de las tecnologías en las ventas por su aportación a la lucha del cambio climático.

José Manuel Soria cuestiona que en este momento haya que incorporar al sistema más potencia en energías limpias. "España cuenta ya con un nivel más que aceptable", señala, bajo el argumento de la caída en el consumo por la crisis. Sus dudas suponen un interrogante más para el concurso eólico gallego, con 2.325 megavatios (MW) en nuevos parques.

La capacidad que tiene en estos momentos España para producir electricidad, según apunta el ministro, duplica la demanda actual. En mínimos, con un descenso acumulado el pasado ejercicio del 1,2%, hasta los 255.179 gigavatios hora (GWh), de los que un 33% llegó, precisamente, de las fuentes renovables. Con este comportamiento -ya en 2009, el primer año completo de la crisis, el rozó el 5%-, las previsiones oficiales del gestor de la red de transporte, REE, sitúan no antes de 2020 el consumo inicialmente previsto para 2016. En esa línea se mueve el discurso de Soria, que se pregunta si con esta situación España puede "seguir instalando más energía y, sobre todo, de aquella que es más cara". El titular de Industria defiende que la mayoría de los países europeos -todos obligados a cerrar esta década con un 20% en energías renovables- tardarían "unos ocho o diez años" en equipararse con España, en caso de que aquí se dejaran de implantar este tipo de tecnologías.

"Creo que en estos momentos -señalaba ayer en una entrevista en Telecinco- tenemos que replantearnos el modelo energético para que sea más competitivo y nos permita tener costes similares a los de nuestros competidores". El Ejecutivo no renuncia a una apuesta por la energía "limpia, renovable y verde", pero recuerda el lastre que supone su coste para mejorar la competitividad de las empresas y "vender fuera más, mejor y más rápido". "Un modelo más eficiente, eficaz y seguro y que nos permita competir más fuera", es el encargo que, dice Soria, le ha trasladado Rajoy.

Desde la prudencia a la que apelan hasta que los planteamientos del Ejecutivo se plasmen en hechos concretos, la Consellería de Economía e Industria defiende la existencia en Galicia de "una serie de recursos que tenemos que aprovechar". Un argumento que no es nuevo. Que defiende incluso el sector. Las condiciones del viento son especialmente buenas en la comunidad, que tiene uno de los índices de rentabilidad más elevados entre sus molinos. "Evidentemente -señalan desde el departamento que dirige Javier Guerra-, colaboraremos con el Gobierno central en las mejores que considere oportunas en el modelo energético actual para conseguir eficiencia y ahorro". Pero en la Xunta quieren también dejar claro que parte de las competencias en el sector eléctrico están en sus manos, y que lucharán por "los intereses" de Galicia.

El déficit de tarifa eléctrico, el desfase que se genera entre los ingresos por el cobro de la luz y el coste real del sistema, alcanzó el pasado noviembre los 3.569 millones, lo que supone superar en un 18,9%, 569 millones, el límite de 3.000 millones fijado para todo 2011. Un desequilibrio en el que Soria puso el acento a principios de semana. Con lo acumulado hasta ahora, el déficit total supera los 24.000 millones.

Exceso de potencia

El recorte a las renovables fue uno de los últimos intentos frustrados de reforma que dejó el anterior Gobierno. Miguel Sebastián, antecesor de Soria, lo intentó y llegó a tener preparado un decreto para regular las primas a eólica y fotovoltaica, que no gustaba nada a la patronal de promotores y que finalmente no se llevó a cabo. De la mano traía un duro informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que precisamente advertía, entre otras cosas, de "un exceso de capacidad instalada" en el negocio del viento ante "la contracción actual de la demanda".