X. A. TABOADA | SANTIAGO A la ya renqueante marcha del concurso eólico gallego por tener que afrontar, al menos sobre el papel, una inversión de 5.600 millones de euros en una de las crisis más profundas, se acaba de sumar una nueva traba de consecuencias muy difíciles de prever. El Gobierno central suspendió ayer de forma temporal e indefinida las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables, entre las que se encuentra la eólica. La medida es crucial, pues supone anular unas bonificaciones que pueden llegar a suponer el 40% de los ingresos por la venta de electricidad producida con los aerogeneradores. Por esta razón, la suspensión de los incentivos pone al límite cuando menos la viabilidad económica del concurso eólico de la Xunta, que queda comprometida muy seriamente, y acarrea un frenazo al desarrollo de los parques pendientes, según fuentes del sector. Las mismas fuentes no descartan que el cambio normativo provoque además la renuncia de promotores que, sin las primas, se verían incapaces de conseguir financiación externa para costear sus proyectos al disminuir sustancialmente la rentabilidad. De la duración de la moratoria y de la letra pequeña que recoja el real decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros, pende el futuro de las renovables.

"Es la puntilla al sector. Preocupa mucho, muchísimo", aseguran fuentes del sector eólico. Sin embargo, la Consellería de Economía e Industria optó ayer por no opinar sobre las posibles repercusiones del real decreto hasta que analice "en detalle los términos concretos de las medidas de carácter temporal". Tan solo aseguró que la Xunta "continuará trabajando para sacarle el máximo rendimiento y favorecer así a la economía de la comunidad". Esta postura nada tiene que ver con la del fallido decreto sobre las renovables impulsado por el Gobierno de Zapatero, que apostaba en su momento por rebajar las primas en torno al 40%. En su día, la Xunta censuró con dureza la medida del Ejecutivo socialista, al que atribuyó una intencionalidad para bloquear el desarrollo eólico, y presentó una batería de alegaciones para intentar desbaratar la normativa, que finalmente no se aprobó porque la legislatura llegó a su fin y el PP ganó las elecciones generales.

En ese escenario, de una reducción de las bonificaciones del 40%, altos cargos del Gobierno gallego y técnicos del Inega llegaron a admitir que hasta 1.000 megavatios de los 2.325 adjudicados en el concurso estarían en peligro porque las empresas, al rebajarse la rentabilidad de la producción eléctrica, no podrían desarrollar sus planes industriales y conseguir los préstamos externos para financiar los proyectos.

"El objetivo es disminuir el déficit público, y la política energética no es una excepción", declaró ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras la reunión semanal del Gobierno. La medida no es retroactiva. Las instalaciones que cobran primas las seguirán percibiendo, y también las que se hayan inscrito en el registro de preasignación, pero no así las que estaban en fase de tramitación -unos 500 megavatios que permitirán al Gobierno ahorrar incentivos por 160 millones de euros al año- ni las que estaban previsto apuntarse. En esta última situación se encuentran todos los promotores del concurso eólico gallego, cuya fase de desarrollo, aún incipiente, les impide de momento inscribirse en el registro.

La moratoria afecta a todas las energías del régimen especial, que engloba la generación con biomasa, los paneles solares, la eólica y la cogeneración.

Soria señaló que la finalidad es frenar también la generación del déficit de tarifa, que surge porque los ingresos del sistema son insuficientes para cubrir los costes de producción energética. Este desajuste ya supera los 24.000 millones y corre el riesgo de ser un problema financiero a un ritmo anual de crecimiento de entre 3.000 y 4.000 millones, según Soria. En 2011, tal como revela la liquidación provisional de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el sector recibió de los consumidores 6.409 millones de euros en primas. Para este año está previsto que los incentivos lleguen a los 7.200 millones.

El ministro de Industria añadió que la decisión de paralizar la concesión de primas no pone en riesgo la seguridad de suministro del sistema eléctrico e insistió en que la apuesta del Gobierno por las energías renovables es "firme".

La decisión del Gobierno ha cogido totalmente por sorpresa al sector y a los ecologistas, que no se esperaban una medida de tal calado y criticaron con dureza. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) expresó su "preocupación" por una decisión que compromete el desarrollo futuro de un sector que da empleo a 30.000 personas. Por su parte, la patronal eólica gallega (EGA), se reunirá en asamblea el martes para analizar al real decreto.