EP / MADRID La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por un presunto delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,4 millones de euros procedentes de los clientes del grupo Marsans, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz.

El juez imputa también por el mismo delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y que también ha comprado Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.

El primero en declarar como imputado por esta causa será Pascual, que está citado para el próximo 21 de febrero. Al día siguiente acudirá Díaz Ferrán, y el 23 está citado a comparecer Losada, quien también está citado a declarar el próximo 28 de febrero por el 'caso Nueva Rumasa'. El juez identifica a 4.706 perjudicados por los presuntos delitos.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional admite así a trámite la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al considerar que existen indicios de que "los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes", un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal.

El fiscal concluye que los clientes perjudicados por Viajes Marsans y de sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados, por lo que pide investigar el destino de dichas cantidades.

Así, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se "destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo", según la querella.

A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles que los pagos se realizaran durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes. El 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos.

Según el fiscal, el día antes (19 de abril) los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depostiran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.

Entre el 9 de junio de 2010 -el día antes de la presentación del concurso de acreedores- y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, que habría ido destinados a cuentas de Díaz Ferrán y Pascual.

El 18 de junio, se libraron cinco cheques por valor de 500.000 euros a favor de Viajes Marsans, controlada ya por Posibilitum Business a través de la sociedad Teinver, de la que Losada es administrador único.

Pedraz también ha citado a declarar como testigos, el próximo 8 de marzo, al exsubdirector general corporativo de Viajes Marsans Vicente Muñoz Pérez y a la antigua responsable de auditoría interna de la empresa Rosario Gil López.

El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del grupo Marsans, que actualmente se encuentra en fase de liquidación y tiene previsto dictar sobre la culpabilidad concursal de todos ellos el próximo mes. La empresa turística solo tiene dinero para cubrir los gastos generados por el proceso concursal.

Viajes Marsans quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que cuenta con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros. Cuenta con 11.409 acreedores.

En enero de 2009, Pedraz ya archivó una querella presentada por nueve asociaciones de consumidores contra Díaz Ferrán y Pascual por vender billetes de Air Comet cuando ya conocían que la aerolínea estaba en situación de insolvencia.