JULIO PÉREZ | A CORUÑA Si los últimos flecos que quedaban pendientes por desvelar en el plan de saneamiento que el Gobierno acaba de implantar en el sistema financiero dejaron a más de uno con la respiración entrecortada por su especial dureza, las limitaciones en los sueldos que finalmente habrá para los grupos con apoyo público en lo que va de reestructuración no se quedan atrás.

El informe encargado por el ministro de Economía al Banco de España sobre la contención de remuneraciones en estas entidades que exige la propia normativa del FROB y la legislación comunitaria revela, según adelantó ayer Luis de Guindos, un cumplimiento "medio-bajo". Y como el Estado tiene un pie al menos en cada una de ellas, ya sea como prestamista o como propietario mayoritario del capital, "parece lógico" que los salarios se adapten a un techo "razonable". "Sin demagogia, pero con responsabilidad", justifica el ministro.

El máximo para los altos directivos en los bancos "intervenidos" -de nuevo el Ejecutivo se refiere así a todas las antiguas cajas nacionalizadas- será de 300.000 euros al año, lo que supone un elevado recorte en la nómina del presidente y del consejero delegado de Novagalicia. De hasta un 67%.

. Los dos principales ejecutivos. La asignación de José María Castellano suma, según la declaración oficializada el pasado diciembre, 899.290 euros por ejercicio, con un sueldo bruto de 842.290 euros, 42.500 más en dietas, 12.900 en la aportación a un sistema de ahorro -probablemente, el plan de pensiones- y 1.600 por primas de seguro de vida. Una cantidad muy similar a la de César González-Bueno. Son 891.180 euros. La diferencia está en el cobro de las dietas, que en su caso ascendió a 33.750 euros. Ambos cuentan con variables, aunque la información pública evita explicitar por qué conceptos ante la decisión en el consejo del banco el pasado septiembre de suspender el reparto. Algo que, por cierto, ordenaba el regulador. Los dos también se quedarán ahora con no más de 300.000 euros anuales -la cuantía concreta se fijará en función del volumen de negocio- y sin derecho a los extras vinculados a objetivos.

. Los consejeros, 50.000 euros. Ninguno del resto de integrantes del consejo de administración de Novagalicia, sin tareas ejecutivas, cuenta con sueldo fijo, pero sí reciben otro tipo de pagos. Julio Fernández Gayoso reúne 396.290 euros, de los que 104.550 vienen de dietas y 291.700 por la representación en empresas participadas. Mauro Varela recibe 103.300 y 23.620 euros por cada uno de esos conceptos, respectivamente. El Ministerio de Economía marca un tope de 50.000 euros al año, lo que obliga a atajar al 50% sus dietas y retirarlos de los órganos de decisión de las sociedades vinculadas. En todo caso, los dos prevén abandonar posiblemente el mes que viene sus puestos. Solo Miguel Argones, en nombre de la plantilla, figuraría con una cantidad por encima. Pero con el importante matiz de que ahí está incluido su sueldo, de 67.000 euros al año.

. Las otras "intervenidas". Esas mismas condiciones se repiten para CatalunyaCaixa, donde su presidente, Adolf Todó, recibe hasta 1,55 millones de euros; y para Unnim, a punto de salir en subasta, y con un salario para su máximo responsable, Jordi Mestre, de 960.000 euros.

. Las entidades "financiadas" por el Estado. Los requisitos cambian para los bancos, todos bajo la fórmula del SIP, que pidieron únicamente las ayudas originales del FROB 1. La venta de preferentes a modo de préstamos con un tipo de interés que ronda el 8%. Presidentes y consejeros delegados pueden acceder a un sueldo de hasta 600.000 euros, de 100.000 al año para los consejeros no ejecutivos y la opción de recuperar la remuneración variable dentro de tres años si realmente está justificada. "Flexibilidad suficiente", asegura De Guindos, para evitar las supuestas penalizaciones del negocio que pudieron heredar los fichajes de altos cargos en estas entidades de sus predecesores en la etapa de las cajas de ahorros. "Ahí -señala- se les podrá remunerar". La tijera ronda otra vez el 67% sobre los salarios medios en estas entidades, donde está a la cabeza Rodrigo Rato, líder de Bankia, con 2,34 millones. Su número dos, Francisco Verdú, recibe 2,26 millones. Antonio Pulido y Enrique Goñi, copresidentes de Banca Cívica, cobran 900.000. 450.000 el presidente de Mare Nostrum, Carlos Egea. Evaristo del Canto, en la cúpula de la fusión de Caja España con Duero, ocultó sus cobros. "Lo que no significa que no tenga que cumplir", advierte De Guindos.

. Un "marco general" sin "consideraciones concretas". El Gobierno no disimula que con la limpieza del ladrillo en el sistema busca "fortalecer" las entidades, "más grandes y más solventes". La famosa segunda oleada de fusiones. El matrimonio permite a los bancos extender de uno a dos años los requisitos de aprovisionar hasta el 80% el suelo frente al 31% actual; el 65% en viviendas en construcción, con un 27% de media ahora; y elevar del 25% al 35% la cobertura en inmuebles terminados; además de un colchón nuevo del 7% sobre los préstamos a promotores que no son morosos. Una de las salvedades que el Ejecutivo avanza para aprobar una integración es la de que el balance de la entidad resultante crezca, al menos, un 20%, con "excepciones" para en un 10%. El sector apunta a Bankia, de las más necesitadas en saneamiento, y que ante la falta de un novio podría optar por hincarle el diente a una pequeña entidad para tomarse un respiro. De ahí también el cambio para que los grupos con FROB1 puedan entrar en operaciones. "El Gobierno establece regulaciones del sector y no entra en consideraciones concretas", defiende De Guindos, preguntado expresamente por el grupo de Rato ayer tras el Consejo de Ministros que aprobó la reforma. "No entramos en entidades concretas", repite, aunque reconoce que el ministerio "lógicamente analizará en detalle" el proceso de "consolidación" para tener "el mapa más adecuado". De Guindos reitera que cualquier baile tendrá que seguir las reglas de la competencia, que será "una de las cosas que se consideren" en la revisión de proyectos ante los riesgos de crear más entidades sistémicas en España.

Lo que era una evidencia a gritos, el sobredimensionamiento de las entidades de ahorro que todavía siguen en pie pero sin negocio, llega también a la reforma financiera, que reduce todos los órganos de decisión en las cajas a un consejo de administración y una asambleas, sin necesidad de auditorías y control de riesgo. "No tiene mucho sentido", explica Luis de Guindos. Además, el volumen de capital que tienen que reunir sobre el banco para evitar la conversión en fundación, un 50% en la última reforma de la Lorca, se rebaja hasta el 25%. Algo que evita la entrada de las comunidades en su tutela, pero que no sirve a Novacaixagalicia, con solo el 6,7% de las acciones de Novagalicia y la perspectiva de que no superará el 10% si logra adquirir acciones.

De Guindos aprovechó la comparecencia para recordar que la tutela sobre el sector y especialmente el control de sueldos era responsabilidad del Banco de España, pero optó por eludir las críticas. El Gobierno "respeta" el estatuto de autonomía del regulador -lo que equivale dejar al actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hasta que toque su renovación- y defiende que "la credibilidad enorme secular" sobre el organismo, del que tiene "toda la colaboración".