ANA BELICIA GIORGINI | A CORUÑA El Banco Pastor aprovechó la reunión de ayer con los sindicatos en Madrid para anunciar una nueva ronda de prejubilaciones en los servicios centrales de A Coruña y la red comercial de oficinas de Galicia, en concreto para 58 trabajadores y 150, respectivamente. La entidad, que ultima ya su fusión con el Banco Popular -prevista para el 10 febrero, aunque la fecha límite para que concluya el proceso es el 2 de marzo-, eleva de 137 a 345 trabajadores la oferta de prejubilación que hizo pública la entidad el pasado mes de enero. Las condiciones, según fuentes sindicales y del propio banco, serán similares a las propuestas inicialmente y se negociarán individualmente. La CIG, sindicato mayoritario en la institución, ha vuelto a criticar la propuesta y también rechazó firmar el protocolo de garantía de empleo que suscribió ayer el 90% de la representación sindical tras reunirse con representantes del Pastor y el Popular.

La responsable de la sección sindical de la CIG en la entidad gallega, Gladys Afonso, critica que la dirección no desvele los criterios en los que se basa para hacer cada propuesta de prejubilación. La sindicalista asegura que las reducciones de salario para los afectados son "importantes" y rechaza también la obligatoriedad de acogerse a la jubilación anticipada a los 63 años.

En su propuesta inicial realizada para 125 empleados -que posteriormente se amplió hasta 137 y que ahora afectará a 345-, el Pastor ofreció a los candidatos a abandonar el banco una indemnización media del 80% de su salario actual desde que dejen su puesto de trabajo hasta que cumplan 63 años, momento en el que tendrían que solicitar la jubilación anticipada y enfrentarse a una reducción de su pensión del 7,5% anual hasta alcanzar los 65. Afonso denuncia que con esta oferta habrá trabajadores que verán reducidos sus ingresos un 40%.

En concreto, el nuevo ajuste afectará a 58 empleados de los servicios centrales de A Coruña, que hayan cumplido o cumplan en 2012 los 56 años, y a 150 de la red de oficinas del Pastor en Galicia y que tengan menos de 60 años. El proceso comenzará de inmediato y la entidad espera que esté cerrado antes del 30 de septiembre, aunque el plazo para ejecutar las prejubilaciones podría ampliarse hasta final de año.

Protocolo de garantía de empleo

Tal y como habían avanzado la pasada semana, la mayoría de los sindicatos firmó ayer el protocolo de garantía de empleo, que se engloba dentro del proceso de fusión entre Pastor y Popular y que tendrá una vigencia de tres años.

El representante de UGT, Guillermo Robles, destaca que el documento recoge el compromiso de no aplicar ningún expediente de regulación de empleo (ERE) ni llevar a cabo traslados forzosos. "La empresa aceptó estas condiciones siempre y cuando se abra una línea de negociación con los sindicatos para abordar estas cuestiones", indicó el sindicalista.

Esta condición es el principal motivo de que tanto la CIG como los sindicatos nacionalistas vascos ELA y LAB hayan rechazado firmar el texto, al entender que no está garantizado el empleo. Afonso señala que la dirección condiciona la aplicación o no de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores sobre ERE a la propia reestructuración que derive de la fusión de las dos entidades, un tema que todavía no se ha concretado. Los trasladados forzosos, según puntualiza, no se realizarán únicamente si se alcanza un acuerdo, porque, si no lo hay, "sí se aplicará el artículo 40".

"No quedaba nada claro que (el protocolo) no diese pie a una interpretación parcial de la empresa para aplicar reducciones de plantilla", justifica la representante de la CIG.

La entidad ha citado a los sindicatos el próximo día 24, una vez se haya cerrado la OPA que lanzó el Popular por el 100% del Pastor, para abordar aspectos más concretos como la reubicación de plantilla o el cierre de oficinas.