La dirección de Alcoa y los sindicatos empezaron con mal pie los primeros contactos alrededor del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que la empresa pretende ejecutar durante un año para reducir a la mitad la producción de las plantas de A Coruña y Avilés.

Los representantes de la plantilla, que acudieron ayer a una reunión en Madrid en la que la empresa tenía que facilitarles la documentación que apoya la solicitud del ERE denunciaron que la dirección entregará al Ministerio de Trabajo un dossier incompleto. Faltan los informes económicos correspondientes al año pasado y el plan de viabilidad se reduce a "varios puntos a modo de declaración de intenciones que ocupan un folio" y en el que se comprometen a crear una comisión que redacte el plan definitivo, según aseguró el delegado de la CIG en el comité de empresa, Julio Moskowich.

La empresa presentará el ERE para los 210 trabajadores de A Coruña y 150 de Avilés, previsiblemente, esta mañana ante el Ministerio de Trabajo, que será el encargado de analizar si se ajusta a derecho -como corresponde en los casos de empresas con varios centros de trabajo en España-. Sindicatos y directivos de Alcoa se reunirán durante los quince días establecidos como periodo de consultas para llegar a un acuerdo que la plantilla considera difícil. "Si nuestra postura inicial era de oposición total al ERE, ahora todavía más porque no garantiza el futuro de la empresa", añadió Moskowich, quien aseguró que la empresa tiene la obligación legal de presentar los datos económicos de los tres años anteriores al que pretende ejecutar el ERE y entregar la misma documentación a la autoridad laboral que a los representantes de los trabajadores. "Si Trabajo acepta esa regulación tal y como está sería el caso más escandaloso", advirtió.

Tanto el presidente del comité, Nazario Arias, como Moskowich dan por hecho que Alcoa ha negociado con el Gobierno y el Ayuntamiento para que le acepten el ERE. La dirección -sostienen- planteó al alcalde su pretensión de cerrar la fábrica de A Coruña antes de formular la propuesta de ERE.

Arias, confió sin embargo en poder avanzar en la negociación una vez sea presentado el ERE y reconoció la disposición de la empresa a remunerar las vacaciones y las horas de formación como tiempo de trabajo.

La Gerencia del Sector Naval, dependiente del Ministerio de Industria, ha decidido recuperar el fondo patrimonial de garantías de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión), en liquidación desde el pasado mes de julio, con el objetivo de ayudar a los constructores navales a financiarse. Lo anunció ayer el Conselleiro de Economía, Javier Guerra, tras la reunión de la mesa del naval del Diálogo Social de Galicia, quien informó de que el nuevo fondo, que pasará a denominarse Fondo de Garantías Navales, estará dotado con 41 millones de euros. De ese total, 11,5 millones corresponden a aportaciones ya realizadas por los astilleros gallegos y la propia Xunta.

El mantenimiento del fondo de Pymar o la puesta en marcha de un instrumento financiero similar era una de las principales reclamaciones del sector naval gallego, que le concede tanta o más importancia que la entrada en vigor de un nuevo sistema de bonificaciones fiscales para la contratación de buques tras la suspensión del tax lease por parte de la Unión Europea (UE) el pasado mes de junio.

Industria también valora que la industria auxiliar pudiese beneficiarse del fondo, algo que la patronal gallega del metal (Asime) reclama desde hace años. Guerra también explicó que el Gobierno prevé la puesta en marcha del nuevo tax lease a finales de abril "o principios de mayo".