EFE/MADRID El Congreso ha convalidado hoy el real decreto-ley que suspende de forma temporal la concesión de primas a nuevas instalaciones renovables con los votos a favor del PP, la abstención de CiU, PNV y UPyD, y el rechazo del resto de los grupos.

Durante su intervención para defender esta norma, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha subrayado que el fin de este parón es contribuir a acabar con el déficit de tarifa eléctrico, un "obstáculo insalvable" para que las renovables puedan seguir desarrollándose y poder contar así con un sistema seguro, competitivo y sostenible.

En este sentido, el titular de Industria ha avanzado que la duración de esta suspensión a las primas estará vinculada a que deje de generarse este déficit, que se produce al resultar los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes y que supera ya los 24.000 millones de euros.

Soria ha añadido que el Gobierno tiene un compromiso "claro, inequívoco e irreversible" con las renovables y que esta medida no impide que se puedan poner en marcha nuevas instalaciones, eso sí sin incentivos económicos que sobrecarguen al sistema.

"Cualquiera que quiera montar una instalación tiene absoluta libertad para hacerlo (...) pero hay que frenar los sobrecostes", ha subrayado Soria.

El ministro también ha reiterado que se trata de una primera iniciativa para acabar con este desfase, que no podrá frenarlo por si sola, y que pronto estarán preparadas nuevas medidas "de calado" sobre la estructura de ingresos y costes del sistema.

Desde el PSOE, el diputado José Segura ha afirmado que esta normativa es "inútil" para el fin que persigue, que "criminaliza" a las renovables como únicas culpables del déficit y que paraliza un sector en el que España es "campeona del mundo".

Segura también ha pedido al Gobierno una amplía reforma del sector eléctrico, que deje de "destrozar el mix energético" con "martillazos de reales decretos" y ha reclamado un "libro blanco" sobre el sistema eléctrico.

El diputado del PSOE también ha recordado a Soria el rechazo de muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP a esta normativa, que frena muchos concursos regionales sobre renovables.

Sobre esto, Soria ha replicado que se debe analizar si estos concursos renovables deben ser el sistema que sustente la financiación de Comunidades y entes locales.

El resto de los grupos también ha expresado sus reparos a esta normativa para las renovables, que no afecta a las ya aprobadas sino a las futuras.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu ha reclamado una política energética más amplia y, aunque se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de racionalizar costes, ha señalado que no sea de "modo parcial" y se trate de evitar "culpabilizar" sólo a las renovables.

Desde CiU, el diputado Josep Sánchez Llibre ha pedido que se delimite la duración de este freno a las renovables para dar seguridad jurídica al sector.

Desde el BNG han expresado su rechazo a una medida que no ha sido "consensuada" con las comunidades autónomas y ha pedido una revisión de la ley del sector eléctrico para evitar los beneficios "escandalosos" de las empresas eléctricas gracias a las instalaciones amortizadas como las nucleares o las hidráulicas.

En una línea similar, la diputada de ICV Laia Ortiz ha reclamado un debate profundo sobre los costes del sistema y que la norma se tramitara como proyecto ley para poder introducir cambios, una petición que también han formulado desde UPyD.

Desde Esquerra Republicana han acusado al Gobierno de legislar para favorecer a la patronal de las grandes eléctricas Unesa y han subrayado que las renovables "no son gasto sino inversión".

Y desde Amaiur han criticado que todas las decisiones del Gobierno suponen "dar marcha atrás" en temas sociales, ambientales y económicos.