La moratoria en las primas a la producción eólica, a todas las renovables en general, es solo la primera de "un paquete" de medidas "de gran calado" en las que trabaja el Ministerio de Industria para "incidir directamente en la estructura de los costes e influir en la de los ingresos" del modelo energético español. Un primer paso que ayer convalidó el Congreso, con el voto favorable de los populares, la negativa de PSOE, BNG e IU, y la abstención de UPyD, PNV, CIU y CC. Ante el revuelo por la decisión, incluso en ejecutivos autonómicos abanderados por su partido, el ministro José Manuel Soria lanzaba desde la tribuna su compromiso "claro, inequívoco e irreversible" con las fuentes limpias, pero también un mensaje muy rotundo sobre las posibles excepciones por "eficiencia" que la suspensión contempla y a las que Galicia y otras comunidades quieren engancharse. Sencillamente, que no las habrá. Ni para tecnologías, ni para territorios.

"Hay comunidades que me han planteado dejar fuera a cogeneración porque en esa comunidad es la fuente que más interesa. Otras han pedido dejar fuera la biomasa. Otras la eólica. Y otras la fotovoltaica o la termosolar", admite Soria. "Si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en el resto de comunidades? -añade- ¿Qué criterio seguimos? Y, en segundo lugar, si aceptamos todas las excepciones, ¿qué hacemos con el real decreto? Y si no tenemos real decreto, ¿qué hacemos con el déficit tarifario?". El ministro duda de que sea "razonable" continuar con las primas a unas fuentes que suman 106.000 megavatios (MW) en potencia instalada, que "más que doblan" la demanda en horas punta, de 40.000 MW.

Con el recuerdo a que la moratoria es temporal y que las instalaciones que hoy figuran en preasignación se libran del freno -ninguno de los parques del concurso eólico, ni de los recintos pendientes de tramitaciones anteriores-, el ministro de Industria insta al sector a incorporarse igual al sistema eléctrico a cambio, eso sí, de recibir exclusivamente lo que le pague el mercado. "Que cada promotor sea quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose", defiende.

La reflexión choca con las dos alternativas al parón planteadas por la Consellería de Economía. La de un marco retributivo que aguante las primas en un 70% y un 50% para los parques de 2012 y 2013, respectivamente, o, al menos, un precio mínimo de mercado que ronde el actual durante las dos próximas décadas. El Gobierno insiste en la necesidad de tomar las riendas de la situación para acabar con el déficit de tarifa -la diferencia entre lo que cuesta realmente la producción energética y lo que se recauda entre el consumidor-, más de 21.700 millones el pasado ejercicio, y evitar que éste se convierta "en un problema financiero similar al de otros ámbitos de la economía".

"¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica y de empleo? El problema del déficit de tarifa es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que no recoge los costes reales del sistema", critica Julio José Segura, del grupo socialista. "Este decreto impide a Galicia poder desarrollar su economía y su sector energético a partir del aprovechamiento de recursos naturales endógenos", reprochó en la sesión Francisco Jorquera, del BNG.

Desde Galicia también, el PSdeG da por hecho que la moratoria representa "la parálisis definitiva" del concurso eólico gallego. "No se van a desarrollar 2.300 megavatios, 38 empresas adjudicatarias no van a llevar adelante sus proyectos de construcción de parques ni tampoco sus proyectos industriales asociados", advierte José Luis Méndez Romeu, que anima a la Xunta a recurrir la moratoria ante el Tribunal Supremo.

Precisamente, para "recuperar las primas que se otorgaban a los productores y así lograr impulsar el desarrollo del sector", el Gobierno popular de Murcia mantendrá el recurso de inconstitucional que presentó ya la pasada legislatura contra el real decreto de renovables.

Precisamente en la misma jornada en la que los diputados debatían la polémica moratoria en las ayudas a la producción renovable, la Comisión Nacional de la Energía analizaba en su sesión semanal el comportamiento de la demanda durante el pasado año.

Un ejercicio marcado por el parón económico, que desplomó el consumo de electricidad en España un 2,1%, hasta situarlo "en un valor similar al alcanzado en 2006". "Actualmente existe una elevada incertidumbre sobre la evolución de la demanda eléctrica, lo que dificulta realizar previsiones de demanda -reconoce el regulador energético español-.

Sin embargo, debido a las reducciones señaladas, no se esperan problemas de cobertura de la demanda peninsular en los próximos años".