El consejo de ministros de Grecia adoptó este viernes cerca de la medianoche local el acuerdo pactado entre sus tres partidos sobre las exigencias de la "troika" para que el país reciba más ayuda exterior, tras un día marcado por una nueva huelga general y un aluvión de dimisiones de miembros de la coalición.

Según fuentes ministeriales, citadas por la prensa en Atenas, el paquete de medidas, que prevé nuevos rebajas de salarios, más impuestos y recortes en el sistema sanitario, será votado finalmente en el Parlamento el domingo próximo.

Desde el jueves por la tarde han presentado su renuncia un ministro, cinco viceministros, un diputado y un alto cargo del partido conservador Nueva Democracia (ND).

Según la cadena estatal NET, al menos 25 diputados socialistas y una decena de parlamentarios conservadores han anunciado que votarán en contra del acuerdo pactado.

El ministro de Transporte, Makis Voridis, y los viceministros de Marina Mercante, Asterios Rontulis; Agricultura, Adonis Yeoryiadis, y Defensa, Yeoryios Yeoryiu, los cuatro del partido ultraderechista LAOS, además de la viceministra de Exteriores, Marilisa Xaenoyannakopulu, del socialista PASOK, presentaron hoy su dimisión.

Esta mañana ya había presentado su dimisión el socialista Pavlos Stasinos, quien renunció a su escaño en protesta por el acuerdo.

Ayer, un viceministro de Trabajo, el socialista Yannis Kutsukos, dimitió por la misma causa, mientras que un dirigente de ND, Yannis Manolis, hizo lo propio al renunciar a sus cargos en el partido.

Todos los medios griegos dan por seguro que, a partir de la votación parlamentaria del acuerdo, el primer ministro, el independiente Lukás Papadimos, deberá remodelar su gobierno, que ya no contará con los miembros del ultraderechista LAOS.

"Aquellos que no pueden soportar la presión", dijo hoy al comenzar el consejo de ministros el primer ministro en referencia a los diputados que planean votar en contra del acuerdo, "no tienen lugar en el gobierno".

Los dos grandes partidos de la coalición, PASOK y ND, también están divididos sobre la respuesta parlamentaria que darán al acuerdo con la "troika", cuyos polémicos recortes de salarios y de pensiones no gustan a muchos de sus diputados.

Además, el líder de los conservadores, Antonis Samarás, exige la convocatoria de elecciones lo antes posible, pues se considera primero en las encuestas, mientras que el PASOK, hundido en intención de voto, prefiere alargar dos años el gobierno de unidad.

PASOK, ND y LAOS suman juntos 252 diputados, pero los 16 de LAOS no votarán a favor, como tampoco lo harán al menos 25 del PASOK y una decena de ND, lo que de momento no pone en peligro, por ahora, la mayoría necesaria de 151 entre 300 diputados.

Papadimos lanzó hoy importantes mensajes con el fin de mantener unido a su gobierno.

"No podemos permitir la quiebra del país. El nuevo programa de rescate es necesario para el cumplimiento de los esfuerzos que empezaron hace dos años para restablecer la competitividad de la economía griega y para sanear sus cuentas", dijo.

Recordó que el programa "es producto de una ardua negociación" con la "troika", compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, de un lado, y los propios partidos que forman el gobierno, de otra.

"Eso refleja las condiciones extremadamente difíciles de la situación en Grecia", aseveró el antiguo vicepresidente del BCE.

"Con este programa, Grecia recibirá un préstamo de 130.000 millones euros y le serán quitados unos 100.000 millones euros de la deuda. Gracias a los efectos de estos dos hechos combinados el país podrá reanudar su desarrollo y los sacrificios de los que más sufren serán exonerados", aseguró el ahora primer ministro.

Sin embargo, no todos en Grecia piensan lo mismo y hoy se llevó a cabo la primera jornada de la huelga general de dos días de duración convocada por los sindicatos mayoritarios, GSEE y ADEDY, en protesta por las medidas exigidas por la "troika".

Estas medidas llevarán al país "a la ruina", pues se trata del "ataque más violento al sistema redistributivo de la riqueza", denunció GSEE en un comunicado.