J. CUARTAS / AGENCIAS | A CORUÑA / MADRID UGT y Comisiones Obreras emprenderán un "proceso de movilización creciente y sostenido" contra la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno del PP -que hoy entra en vigor- y contra la que no excluyen la convocatoria de una huelga general. Los sindicatos mayoritarios tacharon ayer la reforma de "radical", "ultraliberal" y de "atropello garrafal". "Ni es útil ni equilibrada", dijeron, y acusaron al Ejecutivo de ampararse "en la crisis como coartada para recortar derechos laborales y sociales" de forma "letal", facilitar y abaratar el despido libre y perpetrar el "deterioro de los salarios".

El primer hito de esta movilización gradual y "ascendente" se producirá el próximo domingo, día 19, con un llamamiento a los trabajadores para que "conviertan las calles de España en un clamor" contra el decreto. El segundo será el día 29, coincidiendo con la "jornada de acción" convocada por la Confederación Europea de Sindicatos.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, dirigentes confederales de UGT y CCOO, dejaron abierta la posibilidad de que el proceso "ascendente" de movilización pueda concluir con una huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy si éste no rectifica y no cumple la promesa electoral que había hecho de no abaratar el despido laboral. "El camino" que ahora emprenden las organizaciones obreras "no tiene límites", dijeron sus máximos responsables, y se llevará a cabo "por etapas". "El resto de lo que suceda está en manos del Gobierno".

El paro general -para el que Méndez y Toxo no desvelaron fecha- dependerá de que el Gobierno acceda a negociar y a revisar los aspectos más controvertidos y lesivos -a juicio de los sindicatos- de la reforma y también del grado de apoyo que estas organizaciones encuentren en la sociedad a medida que acrecienten la escalada de presión y movilización. "La marcha de los acontecimientos" y "la participación social" "determinarán las actuaciones ulteriores". Las "respuestas" sindicales "serán", dijeron, "medidas": "Tenemos que acompasar nuestros movimientos al estado de ánimo de la población española".

"Ahora toca un proceso profundo de información sobre la reforma y sus consecuencias, en la que tenemos que ser muy didácticos, para explicar, con movilizaciones y reuniones informativas en todos los centros de trabajo, el alcance de la decisión del Gobierno", señalaron los líderes sindicales.

Lo que es seguro, alertó Toxo, es que "la fecha de la huelga general no la decidirá Rajoy según su conveniencia". El secretario general de CCOO apostilló así la reciente confesión en privado de Rajoy al primer ministro finlandés -captada de forma casual por un micrófono- en la que el presidente español admitió que la revisión del modelo regulatorio del mercado de trabajo en España que estaba dispuesto a implantar abocaría al país a una más que posible huelga general.

Méndez y Toxo acusaron al Gobierno de haber aprobado una reforma "impuesta a España por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, Alemania y Francia" y elaborada al dictado de la patronal CEOE y de "la Fundación de los bancos, Fedea", cuya propuesta ha sido asumida íntegramente por el Ejecutivo, según Toxo y Méndez, salvo en un aspecto: no incorpora el contrato único que reclaman los economistas de Fedea -el llamado Grupo de los cien-. "Ésta es una democracia vigilada", aseveró Toxo.

Los sindicatos denunciaron que abaratar y facilitar aún más el despido en plena recesión -se prevé para este año una caída del PIB del 1,8%-, "lejos de frenar la sangría del paro, generará lo contrario: acelerar los despidos y la destrucción de empleo". "El Gobierno reconoce abiertamente que la reforma no generará empleo", señalaron los sindicatos sobre la intervención de Rajoy el lunes en el Congreso.

CCOO y UGT acusan al Gobierno de un "desmantelamiento progresivo del derecho del trabajo" y de "eliminar los controles y tutelas administrativas", lo que generará más conflictos y mayor "judicialización" de la vida laboral, al tiempo que "recorta el control jurisdiccional".

Reprocharon que la reforma no corrige la "dualidad del mercado laboral"; no reduce, sino que aumenta, "las modalidades de contratación"; instaura el "despido libre de forma indefinida", sobre todo en las empresas pequeñas y medianas -el 95% del tejido empresarial español-, "facilita el despido por causas objetivas en cualquier momento" -con solo 20 días de indemnización por año trabajado-, concibe al parado que percibe prestaciones por desempleo como un "delincuente" -"con un tufo que mete miedo"-, solo avanza en la flexibilidad externa pero no en la interna, e "invierte la carga de la prueba": "ahora es el trabajador el que tiene que demostrar que su despido es improcedente".

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, por su parte, dijo ayer que CCOO y UGT "se equivocan" con su oposición a la reforma laboral del PP porque "la nueva legislación laboral nos acerca a Europa, y Europa resulta que va mejor que nosotros" en materia de desempleo, dijo. El presidente de Cataluña, Artur Mas (CiU), también la aplaudió: "La música de la reforma es bastante positiva. Ahora debemos ver la letra pequeña". A la inversa, la izquierda rechaza el plan del PP.

Los sindicatos minoritarios CGT, CNT e Intersindical Canaria llamaron ayer a la movilización general para parar la reforma.

Mientras, decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Lisboa contra la reforma laboral del Gobierno luso, convocados por el mayor sindicato del país.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros es la "más profunda de las realizadas en la historia de la democracia en España" y sostuvo que el PP está "refundando el mercado laboral" español, por lo que el Ejecutivo va a mantener los "cambios profundos" aprobados.

"Si la alternativa es no hacer nada, eso está descartado", dijo Alonso, que hizo un llamamiento a fuerzas políticas y sindicales para que "se sumen al esfuerzo de cambio con un ánimo positivo", porque el texto del Gobierno, dijo, "se puede mejorar" pero con "propuestas en positivo para enriquecer la reforma", recalcó, no para empobrecerla o frenarla.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por su parte, convocó para mañana a los sindicatos, que ayer la acusaron de no haber intentado negociar y pactar con las centrales sindicales, para presentarles una política de hechos consumados.

Objetivos de la reforma

Aunque la reforma del PP abarata y facilita la disolución de los contratos laborales y que las empresas puedan prescindir de sus trabajadores, la ministra de Empleo dijo ayer que lo que busca el Gobierno con la reforma laboral es que no haya despidos y subrayó que la nueva normativa reconoce los derechos adquiridos por los trabajadores.

En declaraciones a Tele 5, Báñez destacó que es una reforma "muy pensada", sobre todo para los jóvenes y los cinco millones de parados. "Lo que nosotros queremos es que no haya despidos", apuntó la ministra de Empleo, que dijo que en esta crisis se "ha despedido mucho" porque a los trabajadores y a los empresarios les han quedado "muy pocas opciones" para adaptarse a la situación económica.

Sobre el anuncio de movilizaciones por parte de los sindicatos contra la reforma laboral, Alfonso Alonso dijo: "No se conoce el caso de que ninguna manifestación haya creado puestos de trabajo" y que los nuevos empleos "se pueden crear" si el Gobierno y los agentes sociales negocian.