La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, puso en marcha ayer el proceso para que los parados que cobran prestación y no hagan cursos de formación realicen trabajos sociales. En una reunión con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, Báñez les ofreció la firma de convenios para desarrollar un proyecto que según la secretaria de Estado de Empleo y Seguridad Social, Engracia Hidalgo, es un aporte más de "valor añadido" para salir de la crisis, y una "responsabilidad social".

Báñez presidió ayer la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, en la que el Gobierno explicó la reforma laboral. Posteriormente, Hidalgo señaló que el hecho de que los parados realicen trabajos sociales no supondrá eliminar puestos de trabajo. "Se hace en muchos países de Europa, no es un efecto de sustituir, sino de sumar", remarcó antes de incidir en que esta medida ya figuraba en la ley, aunque no se haya hecho uso de ella. "Lo que queremos es poner a funcionar ese mecanismo para aportar valor añadido", afirmó. Para ello, se ofrecerán convenios a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades que lo soliciten.

Preguntada sobre si los parados podrán negarse, Hidalgo subrayó que las pautas específicas que regulen la norma se determinarán durante el trámite parlamentario.

CCOO y UGT, por su parte, anunciaron ayer su intención de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral al entender que hay elementos de esta ley que vulneran la Carta Magna. Los sindicatos, sin embargo, no pueden presentar el recurso directamente, tienen que hacerlo o mediante el Defensor del Pueblo o a través de los Grupos Parlamentarios (se requieren al menos 50 diputados). Los servicios jurídicos de CCOO y los de UGT trabajan en un dictamen para argumentar la inconstitucionalidad de la norma.

Entre otros puntos, los sindicatos ven inconstitucional el arbitraje obligatorio que impone la reforma laboral o el periodo de prueba de un año establecido en el nuevo contrato para emprendedores, durante el cual se podrá despedir a los trabajadores libre y gratuitamente.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, en declaraciones a RNE, afirmó que, además de "atacar" la Constitución, la reforma aprobada por el Gobierno no respeta ni la Carta Social Europea ni los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Górriz criticó que, "por primera vez en 30 años", se ha hecho una reforma laboral que choca y "va de frente contra el diálogo social", concretamente contra el acuerdo de negociación colectiva que firmaron unas semanas antes de que se aprobara la reforma laboral.

La intención de CCOO y UGT se suma al anuncio hecho el pasado viernes por el PSOE de que acudirá al Tribunal Constitucional si la reforma laboral no se modifica en el Parlamento.

José Luis Feito, presidente de la comisión de economía y política financiera de la CEOE, dio ayer marcha atrás sobre sus polémicas manifestaciones de la pasada semana en las que se mostró partidario de retirar los subsidios de desempleo, en los países escandinavos, a los parados que rechacen ofertas de trabajo, aunque impliquen grandes desplazamientos -"aunque sea en Laponia", dijo textualmente-. Feito asegura ahora que sería "una locura" retirar la prestación en esas condiciones.

Ayer aclaró que su comentario se refería sólo a lo que ocurre en los países escandinavos, no en España. Según el miembro de la CEOE, hay que ser "tonto" para creer que alguien pueda decir algo semejante y pidió que se analicen sus palabras. "Es una locura, yo no he querido decir eso", se extrañó, antes de lanzar al aire la pregunta de "¿cómo puede alguien ser partidario de eso?".

El presidente de la patronal española, Juan Rosell, manifestó ayer que habrá que esperar "un par o tres trimestres para ver qué es lo que pasa" y poder analizar los efectos de la reforma laboral, cuyo "objetivo es que no haya tantos despidos, que haya reestructuraciones y que las empresas se salven".